SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha advertido este jueves de que "la inacción totalmente incomprensible" por parte del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que instruye el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), ha posibilitado la prescripción de ayudas, "lo que claramente dificulta, y mucho, la devolución del dinero público".
En respuesta a una pregunta oral formulada por el PSOE-A en el Pleno del Parlamento, Sánchez Maldonado ha indicado que desde la Junta, que está personada en la causa, se ha presentado, --entre 2011 y 2015--, un total de 13 escritos ante el citado juzgado insistiendo en la necesidad de practicar diligencias y advirtiendo del riesgo de prescripción en ayudas concedidas a empresas y personas de la Sierra Norte de Sevilla.
"Se advertía así del peligro de que el Gobierno andaluz no fuese resarcido de las ayudas que pudieran ser ilícitas y que éstas acabaran prescribiendo", ha explicado el titular del ramo, quien ha dicho de que, por todo ello, la Junta no puede más que trasladar su "pesar" y solicitar que esto "no vuelva a ocurrir".
Según ha subrayado el consejero, para que estas prescripciones no se hubieran producido "desde la judicatura que instruye el caso deberían haberse tomado en cuenta todas y cada una de las solicitudes que desde el gabinete jurídicos de la Junta se realizaron, que fueron un total de 13".
En este contexto, ha insistido en que desde que la Junta denunciara el presunto fraude en estas ayudas en 2010, a raíz del caso Mercasevilla, han sido "muchas" las actuaciones que ha desarrollado para articular los mecanismos que posibiliten la restitución de los fondos públicos que pudiesen haber sido cobrados irregularmente.
CUMPLIMIENTO "ESTRICTO" DE LA LEY
Un proceso que, según ha explicado, ha realizado el Gobierno andaluz "desde el más estricto cumplimiento de la ley". Sánchez Maldonado ha precisado que durante el mismo se han realizado más de 4.500 consultas de información laboral, más de 4.400 beneficiarios que han sido escrutados y analizados, y más de 200 ayudas a empresas y ayuntamientos han sido también analizadas para depurar el buen uso del dinero público.
Así, tras apuntar que la Junta ha dado respuesta a todos los requerimientos judiciales que se han producido desde el juzgado de instrucción que investiga el presunto uso fraudulento de estas ayudas, Sánchez Maldonado ha querido dejar claro que desde el Gobierno andaluz "no vamos a cejar ni un ápice" en la recuperación de estos fondos presuntamente defraudados.
