SEVILLA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -
La delegada territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía en Sevilla, Granada Santos, ha instado al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), a que firme "de una vez" el convenio de colaboración ofrecido por la Junta en el marco del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda para "poder paliar la situación que están sufriendo muchas familias".
Además, pide al Consistorio que se comience a aplicar la exención del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI) en las viviendas sociales, algo que asegura se puede realizar ya sin necesidad de modificar la normativa estatal, que le daría obligatoriedad a esa exención. Así, cabe recordar que el Ayuntamiento aprobó en el Pleno de octubre una moción para instar al Gobierno central a modificar una modificación de la Ley de Haciendas Locales para incluir esa exención y para que el Estado le compensara económicamente por los tributos que dejarían de recibir.
En una entrevista concedida a Europa Press, Santos ha instado a Zoido a que firme "de una vez" el convenio de colaboración ofrecido por la Junta en el marco del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda para "poder colaborar y paliar en cierta forma la situación que están viviendo muchas familias y su incertidumbre".
Así, recalca que los ayuntamientos deben estar implicados en la búsqueda de soluciones y recuerda que el convenio fue remitido a Zoido el día 18 de octubre, pero que "hasta el momento no se ha recibido respuesta alguna. Santos contrapone esta situación a la labor realizada por otros consistorios que no sólo han firmado ya, sino que sus técnicos de servicios sociales ya se están informando para comenzar a trabajar "cuanto antes en beneficio de sus vecinos para que terminen de padecer esta situación".
En la misma línea, insiste en que la exención del IBI a viviendas sociales sería "un punto a favor" para posicionarse del lado del ciudadano, teniendo en cuenta que "otras instituciones disfrutan de esa exención". "Se necesita una reforma normativa estatal, que daría obligatoriedad a la exención, pero sí es cierto que algunos ayuntamientos ya lo están desarrollando al considerarlo un bien común y social", advierte Santos, que explica que el hecho de que no haya una normativa que obligue a exención "no impide que el Ayuntamiento de 'motu propio' no lo haga".
Por último, Santos pide que los ayuntamientos se unan a esta propuesta de la Consejería en tanto que se pueda conseguir esa reforma normativa, ya que los consistorios son los que tienen esa potestad, como el Gobierno central. "Son viviendas sociales y la Constitución dictamina el derecho a tener una vivienda digna", concluye.
