SEVILLA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, afirmó hoy que la Administración "no tiene constancia de irregularidad" en la gestión de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) en el Proyecto de Modernización del Bajo Guadalquivir y aseguró que garantizará "ahora y en todo momento que el dinero público se gaste en ese proyecto".
En declaraciones a Europa Press, tras reunirse con el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, para tratar este tema, la consejera indicó que no hay constancia de ninguna irregularidad, por lo que "a obra certificada, obra pagada". Además, añadió que la única paralización de la que tienen conocimiento se debe a una discrepancia entre la junta directiva y la empresa, es decir, "una relación contractual de partes", donde "la Consejería no tiene nada que ver".
Asimismo, quiso garantizar y dejar claro "especialmente a los agricultores" que su responsabilidad como consejera pasa por "garantizar que el dinero público esté bien gastado para la ejecución del proyecto".
Además, indicó que la Administración ha realizado inspección sobre el proyecto para "verificar 'in situ' el seguimiento del proyecto", verificación que "no ha obtenido ningún problema". En este sentido, manifestó la "buena" colaboración de la comunidad de regantes del Bajo Guadalquivir.
Por su parte, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, acompañado por una representación de la agricultores de la zona del Bajo Guadalquivir, se desplazó hoy a la Consejería de Agricultura y Pesca para trasladarse a la consejera del ramo, Clara Aguilera, una serie de "irregularidades" que han encontrado en la gestión de los fondos Feder con los que se tiene que poner en marcha el Proyecto de Modernización de los Regadíos de esta zona de la provincia de Sevilla.
En un comunicado, IULV-CA explicó que la delegación, encabezada por Valderas, le ha solicitado a Aguilera que garantice que el coste por hectárea que tiene que asumir cada regante se mantiene en los 3.500 acordados en el proyecto.
Asimimso, Valderas avisó a la responsable autonómica de que si en 20 días no se da respuesta a los afectados y se depuran posibles responsabilidades, su Grupo Parlamentario solicitará una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía.
