SEVILLA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
Dos operarios de la Junta de Andalucía han retirado poco después de las 12,00 horas de los juzgados de Sevilla las actas relativas a las sesiones celebradas por el Consejo de Gobierno durante los últimos diez años, que se encontraban custodiadas en sede judicial tras haber sido reclamadas por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, en el marco de la investigación sobre la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la administración autonómica.
Hay que recordar que la retirada de las actas por parte de la Junta se produce después del auto dictado la semana pasada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla que levantaba la medida cautelar establecida por la juez Mercedes Alaya sobre la custodia de las actas. Los operarios de la Junta han retirado las actas en bolsas para su traslado en un vehículo al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
En este sentido, y según han informado a los periodistas fuentes judiciales, estos dos operarios se han personado en los juzgados para recoger las actas junto a varios agentes de la Policía autonómica, un letrado de la Administración andaluza y la secretaria de Actas del Consejo de Gobierno, María Luisa Quesada, quienes han firmado la recogida de los documentos en presencia de la secretaria del Decanato y su homólogo en el Juzgado de Instrucción número 6.
De su lado, fuentes de la Junta de Andalucía consultadas por Europa Press han informado de que, una vez se han recogido las actas, estas han sido trasladadas en un vehículo de la Administración autonómica hasta el Palacio de San Telmo, donde han llegado en torno a las 12,15 horas. Una vez allí, las actas de los consejos de gobierno han sido depositadas en su ubicación habitual, han apuntado las mismas fuentes.
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla dictó la pasada semana un auto en el que estimó los recursos presentados por la Junta de Andalucía y la Fiscalía y acordó dejar sin efecto la medida adoptada por la juez en cuanto a que las 480 actas de los Consejos de Gobierno de la Junta celebrados desde 2001 hasta la actualidad fueran custodiadas en sede judicial hasta que se resolviera el conflicto de jurisdicción planteado.
EL AUTO DE LA AUDIENCIA
El Ministerio Público había recurrido el auto dictado el 4 de abril de 2011 por la juez en el extremo relativo a la adopción de la medida cautelar acordada en el mismo, alegando que esta medida "no es necesaria ni proporcional al fin perseguido, careciendo el auto de motivación que justifique la misma", argumentos que coinciden "en esencia" con los alegados por el letrado de la Administración autonómica.
En este punto, la Sección Séptima recuerda que el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 2/1987 establece que "el órgano administrativo o jurisdiccional, tan pronto como reciba el oficio de inhibición, suspenderá el procedimiento en lo que se refiere al asunto cuestionado, hasta la resolución del conflicto, adoptando, en todo caso, con carácter provisional, aquellas medidas imprescindibles para evitar que se eluda la acción de la Justicia, que se cause grave perjuicio al interés público o que se originen daños graves e irreparables".
Tras ello, la Audiencia concluye que la lectura del referido artículo "pone de manifiesto que la adopción de tales medidas tienen carácter excepcional y restringido, de tal modo que sólo puede tomarse cuando sean imprescindibles para los fines que en el citado artículo se recogen", aseverando que "ninguno de los tres supuestos a que alude dicho precepto parece concurrir en el caso de autos, y así, no son mencionados por el mismo, que se limita a sustentar la medida cautelar en una mera hipótesis de que 'pudieran alterarse u ocultarse partes relevantes de las actas del Consejo de Gobierno, hasta tanto se dilucida el conflicto de jurisdicción'".
"DESCONFIANZA"
Todo ello, añade, "sin que se detalle ni razone en qué datos fácticos se apoya tal desconfianza, como corresponde en una resolución del calado de la impugnada, más si cabe si con ella se plantea la posibilidad de un actuar ilegal por parte de uno de los poderes del Estado, en el que ciertamente está integrado el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía".
Tras este auto de la Audiencia Provincial, el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía elevó un escrito ante la juez Alaya en el que se solicitaba que se fijara una fecha para recoger los "sobres" que contienen las actas, lo que motivó que la magistrada dictara una providencia explicando que las actas se encuentran "a disposición" de la Junta desde la notificación del auto de la Audiencia Provincial, por lo que subraya que el Juzgado "no tiene que señalar fecha alguna para la retirada de los sobres", como este jueves le demandó la administración autonómica.
Así, la juez precisa que lo que entregó la Administración autonómica "no fueron las actas, sino testimonio o copia compulsada de las mismas, sin documentos por tener los mismos carácter reservado, y sin las deliberaciones o votaciones por tener las mismas carácter secretos", testimonios que "fueron remitidos en sobres lacrados y precintados y que, como bien sabe" la Junta, "no son custodiados por este Juzgado, sino en la dependencia habilitada por el Decanato cumpliendo las exigencias de seguridad requeridas" por la propia representación de la Junta.
Al hilo de ello, indica que, "por consiguiente, este Juzgado no tiene que señalar fecha alguna para la retirada de los sobres, pues están a su disposición desde la notificación del auto de la Audiencia Provincial que ha levantado la referida medida cautelar, sin perjuicio de que cuando se personen para efectuar dicha retirada, se realice la correspondiente acta una vez que por el decano o el secretario de este Juzgado se facilite la llave de la caja de seguridad donde se encuentran depositados".
