El letrado avala que las proposiciones de ley de PP y Podemos deben tramitarse

SEVILLA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El informe del Letrado Mayor del Parlamento solicitado por la Mesa de la Cámara para conocer si la proposición de ley de Cuentas Abiertas de Podemos y la del PP-A relativa a medidas tributarias en el impuesto sobre sucesiones y donaciones cumplen los requisitos para ser admitidas a trámite, cuando su tramitación no ha superado la Mesa hasta en dos ocasiones, concluye que ambas iniciativas "cumplen los requisitos para su admisión a trámite quedando en condiciones de ser incluidas en el orden del día del Pleno para su toma en consideración".

En el documento, recogido por Europa Press, el Letrado Mayor, Javier Pardo Falcón esgrime que ambas proposiciones de ley pueden admitirse a trámite dado que "difieren expresamente su entrada en vigor, y en consecuencia sus eventuales efectos presupuestarios, al 1 de noviembre de 2016 y al 1 de enero de 2016, respectivamente, sin que pueda considerarse afectado por tanto el presupuesto en curso".

Asimismo, en cuanto a las consecuencias legales y responsabilidades personales que pudieran conllevar la dilación o no adopción de acuerdo alguno por parte de la mesa respecto a la tramitación de ambas iniciativas legislativas, al producirse un empate en la votación sobre las mismas, el informe concluye que esta circunstancia "podría conllevar, eventualmente, las responsabilidades jurídicas personales por parte de los miembros de la Mesa a que hubiera lugar, aunque la ausencia de acuerdo fuera consecuencia de un empate en la votación o votaciones efectuadas por sus miembros".

"Y ello por resultar la adopción del referido acuerdo, en el sentido que se entienda conforme a Derecho, un acto jurídico obligado tal y como se encuentra configurado por el artículo 28.1.6º del Reglamento de la Cámara", sostiene el Letrado Mayor.

Así, en las consideraciones jurídicas, Pardo Falcón recuerda que "en alguna ocasión el TC ha admitido a trámite y otorgado el amparo por no haberse dado la tramitación parlamentaria que correspondía a un escrito presentado en el registro de una asamblea legislativa a la que iba correctamente dirigido".

Además, indica que "los actos parlamentarios sin valor emanados del Parlamento de Andalucía o de cualquiera de sus órganos -incluida, lógicamente, la Mesa del Parlamento--, así como su falta de actuación cuando esta resulte jurídicamente obligada como consecuencia de los dispuesto por el Estatuto de Autonomía, el Reglamento y el ordenamiento jurídico en general, pueden ser objeto de recurso de amparo ante el tribunal en el plazo de tres meses desde que hayan adquirido firmeza con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara".

De otro lado, en relación a las responsabilidades "estrictamente" individuales en las que pudieran incurrir los miembros de la Mesa al "hacer inviable con su actuación personal la formación de la voluntad de dicho órgano al objeto de adoptar una decisión sobre su tramitación tal y como exige el artículo 28.1.6º del Reglamento, "el asunto debe enfocarse desde la perspectiva de la denominada inviolabilidad de los parlamentarios".

De esta manera, al hilo, recoge el informe que "al igual que la práctica totalidad de los estatutos de autonomía y de los reglamentos parlamentarios, el Estatuto de Autonomía para Andalucía y el Reglamento del Parlamento, establece que, "los diputados gozarán, aún después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo".

Como se recordará, el pasado miércoles 16, la Mesa ya decidió no calificar dichas iniciativas, al obtener el voto en contra de los tres representantes del PSOE-A y la abstención del de Ciudadanos, mientras que PP-A, Podemos e IULV-CA votaron a favor de su calificación. Este resultado de votación se ha vuelto a producir durante los dos siguientes miércoles en las reuniones de la Mesa.

Que estas iniciativas legislativas de Podemos y PP-A no hayan superado el trámite de la Mesa ha sido duramente criticado por los dos partidos que impulsaban las propuestas, así como por parte de IU, que han acusado al PSOE-A y a C's de "bloquear" la labor de la oposición en la Cámara autonómica. Mientras, C's ha justificado su abstención por ver una "laguna jurídica" en este asunto, y el PSOE-A defiende que el alcanzado en la Mesa es un acuerdo democrático y que no se bloquea la acción del Parlamento.