Lipasam reitera su petición de embargo para el excontable de la empresa acusado de desfalco

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sociedad Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam), perteneciente al Ayuntamiento de Sevilla, ha "insistido" al Juzgado de Instrucción número 14 en la "necesidad de medidas cautelares de aseguramiento de las responsabilidades civiles" que pudieran recaer sobre el excontable de tal empresa municipal investigado por un presunto desfalco de 1.012.275 euros en las cuentas de la misma, entre otros aspectos mediante "la traba de embargo", según ha informado Diario de Sevilla y han confirmado a Europa Press fuentes del caso.

En su reciente comparecencia como investigado ante la citada instancia judicial, este hombre, contable en Lipasam desde 1989 y que cobraba unos 2.500 euros mensuales, aseguraba al juez instructor que desde 2008 incurrió en dicho desvío de los fondos de la empresa municipal porque estaba pasando por "un mal momento económico".

Lipasam, personada como acusación particular en el caso, había pedido al juzgado la investigación de las cuentas de este hombre, de sus sociedades tras detectar que figura en una, de su patrimonio y que se le realizasen los embargos necesarios, si bien tras la citada comparecencia el juez no impuso ninguna medida cautelar hacia este hombre, que era empleado público laboral, ha pedido su baja voluntaria y ha puesto a disposición del juzgado dos fincas urbanas de su propiedad, una en la capital y otra en la costa.

Fue el 20 de diciembre del año pasado, en concreto, cuando la empresa municipal interpuso su denuncia inicial contra este hombre, una vez constatado que el ya extrabajador de Lipasam pudo realizar de forma supuestamente irregular transferencias a una cuenta personal desde 2014 por un importe de 422.512 euros, unos hechos que pueden ser constitutivos de un delito de malversación continuada de caudales públicos de especial gravedad, así como de un delito continuado de falsedad.

En un segundo escrito, el 8 de enero, como consecuencia de una segunda fase de las investigaciones y constatar que los hechos se remontarían a 2008 y la cuantía defraudada podría ascender a 1.012.275 euros, la denuncia inicial fue ampliada con tales aspectos.