SEVILLA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
La sociedad gestora del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, reclamó la pasada primavera a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo la convalidación de los actos administrativos firmados por el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, para financiar las pólizas de seguro de rentas asociadas al expediente de regulación de empleo (ERE) acordado en 2007. Mercasevilla, en el marco del procedimiento de revisión de oficio emprendido por la Junta sobre estos actos, reclama que si finalmente son anulados tales actos, sea fijada una "indemnización" proporcional a las rentas del ERE.
La Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Empleo y antes de que ésta fuese integrada en la nueva Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, promovía como se informó en su momento una "revisión de oficio" de los tres "compromisos de abono" firmados en 2007 y 2008 por el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero para las pólizas de seguro de rentas asociadas al expediente de regulación de empleo (ERE) acordado en 2007 por la sociedad gestora del mercado central de abastos de Sevilla, Mercasevilla.
A través de un documento firmado el pasado 27 de abril por el ya exconsejero de Empleo Manuel Recio y recogido por Europa Press, la Consejería de Empleo acordaba "iniciar procedimiento de revisión de oficio para declarar la nulidad de pleno derecho" de los mencionados actos administrativos. En concreto, el documento mencionaba los tres "compromisos de abono" firmados por Francisco Javier Guerrero los días 5 de noviembre de 2007, 2 de enero de 2008 y 29 de abril de 2008 para asignar, respectivamente, 3.410.134 euros, 1.609.042 y 1.891.637 euros, para las pólizas de seguro de rentas asociadas a las prejubilaciones de un total de 34 extrabajadores de Mercasevilla acogidos al expediente de regulación de empleo de 2007.
EL ERE DE 2007
El expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por 40 empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus rentas quedaron en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento incluido en la trama que investiga la juez Mercedes Alaya sobre la supuesta administración arbitraria y fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos y las falsas prejubilaciones descubiertos en numerosos ERE financiados precisamente con cargo a esta partida.
El juzgado de lo Social número ocho de Sevilla, en este marco, zanjaba una demanda promovida por 34 de los prejubilados de este ERE para reclamar la financiación de sus rentas, con una sentencia según la cual Mercasevilla es "la única responsable" de pagar tales rentas.
ALEGACIONES EN MAYO
Pues bien, según la documentación hecha pública este martes por Mercasevilla y recogida por Europa Press, la sociedad gestora del mercado central de abastos elevó el pasado mes de mayo a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo un total de 18 alegaciones a cuenta de este procedimiento de revisión de oficio. En sus alegaciones, Mercasevilla expone principalmente que corresponde al consejo de gobierno y no sólo a un consejero la "incoación y resolución" de un expediente de esta naturaleza, negando las "similitudes" inicialmente esgrimidas entre los actos sometidos a revisión de oficio y otros anteriores zanjados por sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Mercasevilla pide también que sean considerados en el procedimiento, en calidad de "interesados", la compañía aseguradora de la póliza de rentas, "todos y cada uno" de los trabajadores, afectados, el comité de empresa de Mercasevilla e incluso al propio Francisco Javier Guerrero. Mercasevilla alega además que la Junta sí financió las rentas del ERE de 2003, el "protocolo" suscrito entre las partes, la "aprobación" por parte de la Junta de Andalucía del ERE de 2007 y la idea de que el ERE de 2007 fue una "continuación" del primer ERE, que como se ha señalado sí contó con la financiación de la Junta.
LAS "RESPONSABILIDADES" DE LA JUNTA
"El proceso de reestructuración dependía de que el pago de las primas de los seguros concertados fuese incentivado por la Administración autonómica, dada la imposibilidad material de la compañía para asumir en solitario semejante carga", alega además Mercasevilla. "Los actos que se pretenden revisar generan una responsabilidad de la Junta para con los beneficiarios de las rentas aseguradas", esgrime Mercasevilla para reclamar que si prospera la nulidad de los actos en cuestión, "habrá de fijarse indemnización para los interesados equivalente a la suma de las rentas pactadas con los extrabajadores" del mercado central. Así, Mercasevilla pide la "convalidación" de los mencionados documentos de Guerrero o, subsidiariamente, la nulidad del procedimiento de revisión de oficio y el aspecto de las indemnizaciones en el caso de prosperar la nulidad.
En otro escrito formalizado ya en junio, Mercasevilla reclama la entrega e incorporación como prueba, en el marco del mismo procedimiento, de una serie de informes técnicos, entre ellos un "acuerdo de 13 de mayo de 2011 en el que el viceconsejero declaró la improcedencia del inicio de revisión de oficio de las ayudas sociolaborales que no estaban totalmente abonadas y cuyos beneficiarios cumplían las condiciones y requisitos exigidos".
