MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
La exministra de Medio Ambiente socialista y actual portavoz del PSOE en el Congreso en cambio climático, Cristina Narbona, defiende que la Ley de Costas vigente está para cumplirla, pese a que el PSOE de Carboneras (Almería) considere "inconcebible" que no exista un "esfuerzo político" para regular la situación del hotel de Azata del Sol, en el paraje de El Algarrobico, y propiciar así su apertura.
En declaraciones a Europa Press, Narbona se ha remitido a las "varias y numerosas sentencias" que han confirmado en los últimos años que una parte del hotel se estaba construyendo en una zona de protección donde la actual Ley de Costas prohibía edificar.
"Ésa fue la razón por la que el Ministerio de Medio Ambiente, después de haber advertido al ayuntamiento y al promotor del hotel que estaban incurriendo en una ilegalidad al mantenerse el proceso de edificación, se comenzó el proceso de expropiación", insiste la socialista.
Con ello, destaca que la justicia "ha venido dando la razón" frente a esta postura política y, frente a las pretensiones de su propio partido político en el municipio andaluz, prefiere no entrar en ninguna valoración política. "Es un tema polémico pero sigo creyendo que la Ley de Costas está para ser cumplida", ha sentenciado Narbona.
CLÁUSULA ANTI-ALGARROBICO
Precisamente, el Gobierno trabaja en una reforma de la actual normativa de Costas de 1988, actualmente en trámite parlamentario, en la que se incluye la denominada cláusula 'anti-Algarrobico', "que permitirá al Estado afrontar el problema desde el principio, con respeto a la autonomía local, y que sitúa en los tribunales la decisión de fondo", en palabras del actual ministro de Medio Ambiente 'popular', Miguel Arias Cañete.
Entre otros puntos, dicha reforma introduce en materia de concesiones "importantes cambios", ya que en el régimen general se modifica el plazo máximo de duración de éstas, que pasa a ser de 75 años.
Asimismo, se establece una prórroga extraordinaria para las concesiones existentes y se da respuesta a la extinción de las previstas en la anterior Ley de Costas de 1988, que fijaba con carácter general un plazo máximo de treinta años de duración, establecido para el año 2018.
