SEVILLA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles, con los votos a favor del PSOE-A, PP-A y Ciudadanos (C's) y la abstención de Podemos e IULV-CA, la Ley por la que se modifica la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía (LOUA) para incorporar medidas urgentes en relación con las edificaciones construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable.
Además, el Pleno del Parlamento, en el transcurso del debate final, ha rechazado todas las enmiendas que habían llegado 'vivas' al debate final, del PP-A y Podemos, después de que no hubieran sido recogidas en la tramitación parlamentaria.
La ley modifica tres artículos la LOUA con el fin de permitir la regularización de edificaciones residenciales aisladas en suelo no urbanizable, de manera que, según los cálculos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, entre 20.000 y 25.000 inmuebles podrían acogerse a esta medida.
De acuerdo con los cambios introducidos, las edificaciones residenciales aisladas en las que ya ha prescrito el plazo de restitución de la legalidad urbanística podrán regularizar su situación siempre y cuando tengan al menos seis años de antigüedad, no estén situadas en zonas inundables o de especial protección y no estén afectadas por expedientes administrativos.
Los propietarios podrán inscribir los inmuebles en los registros de la propiedad y acceder a los servicios básicos de luz y agua. Asimismo, deberán adoptar medidas correctoras urgentes para eliminar los impactos paisajísticos o ambientales que pudieran haberse producido, especialmente sobre los recursos hídricos. En el caso de edificaciones en parcelas que tengan la condición de asentamientos, la regularización se realizará a través de la incorporación de los mismos al planeamiento urbanístico.
Además de la modificación de los artículos, la norma incluye también cinco disposiciones adicionales dirigidas a reforzar el proceso de identificación de edificaciones en suelo no urbanizable, garantizar el acceso a la información de las mismas, sobre los costes derivados de la regularización de las edificaciones, para el acceso provisional a servicios básicos en edificaciones existentes en suelo no urbanizable que constituyan la vivienda habitual de sus propietarios, y que regula el régimen de los asentamientos urbanísticos existentes en suelo no urbanizable que se incorpora al planteamiento urbanístico.
PSOE-A: "SE CUMPLE OTRO COMPROMISO DE LA JUNTA"
Para posicionar a los grupos, por el PSOE-A, Rodrigo Sánchez Haro ha subrayado que esta ley "es un compromiso más cumplido por parte del Gobierno de Susana Díaz, que pone de manifiesto que la Junta pone toda su fuerza y recursos al servicio de los derechos de los andaluces", de manera que "volvemos a demostrar que las instituciones andaluzas son una herramienta útil para solucionar los problemas de los ciudadanos".
Con su aplicación, ha dicho, "se pondrá fin a la situación dramática que atraviesan miles de familias", y ha criticado que el PP-A se empeñe en trasladar una imagen negativa de Andalucía cuando les ha reprochado que acusen a la Junta de "llegar tarde" mientras que ellos "no ha movido ni un dedo desde las instituciones que gobiernan para solucionar este problema". "Esta ley es del Gobierno andaluz y de todos los grupos parlamentarios", ha afirmado el diputado, que ha defendido que es "una solución necesaria para que los propietarios puedan ejercer derechos y obligaciones respecto a su vivienda".
Por parte del PP-A ha intervenido la parlamentaria Patricia Navarro, quien ha defendido el "papel activo" que ha tenido su grupo "en pro de la mejora" de este proyecto, con la incorporación de cuatro de sus enmiendas, si bien ha lamentado que el resto de las 15 que habían propuesto no hayan sido aceptadas, y en esa línea ha aseverado que este texto normativo está "a años luz de lo que necesita Andalucía" y se la puede definir como "una ley chapuza" que además es "cobarde porque no supone un punto y final del problema" que aborda, además de ser "miope".
Al hilo, ha trasladado la "solidaridad" del PP-A con "las más de 275.000 familias a las que esta ley ignora", y el "compromiso" del Grupo Popular de "seguir trabajando con ellos y luchando por la regularización de viviendas". Finalmente, ha cuestionado la necesidad de que la Junta, como ha anunciado este miércoles, vaya a crear comisiones bilaterales con las ocho capitales de provincia de Andalucía para desarrollar proyectos urbanísticos que estén pendientes en cada una de estas localidades o que requieran agilizarse. "¿Comisiones bilaterales para qué?", se ha preguntado Navarro, que, frente a ello, ha defendido que "lo que hay que agilizar son los PGOU".
La parlamentaria de Podemos Andalucía Mercedes Barranco ha criticado que esta norma, "como mucho", beneficiará a unas 25.000 viviendas irregulares de Andalucía y que crea "desigualdades", al tiempo que ha advertido que no soluciona el problema de forma integral porque "las construcciones ilegales se expanden como si fuera un cáncer, creando importantes conflictos sociales, medio ambientales, económicos, administrativos y hasta penales".
Así las cosas, la diputada de la formación morada ha urgido a terminar con la corrupción urbanística y también a dar una solución a las "miles de personas engañadas" que fueron víctimas de una política urbanística "depredadora e insostenible". "El Parlamento no puede aprobar modificaciones que surgen por la inacción del Gobierno", ha agregado.
Marta Escrivá, por Ciudadanos, ha valorado como "un gran avance" esta ley, si bien ha puntualizado que "a finales" de la legislatura "se prevé otra modificación" a la misma, y en ese sentido ha preguntado al Gobierno andaluz "si no sería mejor empezar con una ley nueva que seguir poniendo parches" a la LOUA, que "se ha quedado antigua".
En todo caso, ha celebrado que con esta reforma "podrán ser regularizadas en poco tiempo parte de las viviendas ilegales" actualmente en Andalucía, y que en el texto definitivo de la misma se han incorporado como transaccionadas las cinco enmiendas que C's presentó a esta reforma.
En nombre de IU, José Antonio Castro ha justificado la abstención de su grupo, que ha dicho que es "constructiva", en los plazos que contempla la norma para su desarrollo y ha llamado a abordar este asunto "con rigor y de manera integral" para solucionar este problema, será entonces cuando IU lo apoye porque mientras, "con estos parches podremos alcanzar logros parciales pero no tendremos una visión de conjunto de la ordenación del territorio de Andalucía".
Además, Castro ha incidido en que el debate final de esta ley viene de un anuncio "inesperado y desconocido" de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la legislatura pasada, en lo que fue, a su juicio, "un atraco electoralista".
De su lado, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, una vez que la ley ha sido aprobada, ha trasladado su agradecimiento a todas las personas que han participado en la tramitación de este proyecto de ley que, ha destacado, "ha requerido muchas horas y sacrificio" y que ha sumado enmiendas de los grupos.
Con todo, el titular del ramo ha resaltado que las modificaciones que recoge esta norma "responde a la necesidad de atender las demanda de los ciudadanos" pues "nuestro cometido como Gobierno es solucionar los problemas reales de la forma más eficaz".
