SEVILLA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento ha convalidado este miércoles, por unanimidad, un decreto-ley aprobado este mes por el Consejo de Gobierno, que modifica el texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, vigente desde 2012, en lo relativo al Plan de Establecimientos Comerciales (PEC) regulado en esta norma. La principal novedad consiste en concretar los criterios para la localización eficiente de las grandes superficies minoristas en Andalucía.
De igual modo, la Cámara andaluza ha aprobado también por unanimidad, y a petición de los tres grupos parlamentarios, la tramitación de este decreto-ley como proyecto de ley.
Según ha explicado ante el Pleno el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, el decreto ley pretende garantizar un modelo comercial sostenible, por lo que delimita las orientaciones para la localización de grandes superficies minoristas en lo relativo al planeamiento urbanístico, siguiendo el modelo de ciudad compacta establecido en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).
Entre otros contenidos, el PEC incluirá un diagnóstico del sector, la identificación de las unidades territoriales comerciales de acuerdo con el POTA, además de criterios orientativos para la implantación de este formato con incidencia territorial, según ha apuntado el consejero del ramo.
Así, entre otros criterios, el emplazamiento de estos establecimientos deberá ubicarse en continuidad con la trama urbana, evitándose localizaciones aisladas y desvinculadas de los núcleos de población; garantizar la capacidad de las infraestructuras de comunicaciones y transportes, priorizando que sean públicos; y preservar el paisaje urbano, así como sus valores naturales, históricos y artísticos.
El PEC tendrá carácter indefinido, si bien estará sometido a actualizaciones de periodicidad cuatrienal y a las que puedan derivarse de cambios sustanciales de naturaleza comercial, territorial o urbanística. Estas revisiones del mapa comercial contarán con los informes del Consejo Andaluz de Comercio y del Consejo Andaluz de Concertación Local.
Finalmente, según ha destacado Rodríguez, el nuevo texto normativo establece un plazo máximo de diez años para las prórrogas de las licencias comerciales otorgadas por la Consejería a aquellas instalaciones que no hubiesen iniciado aún su actividad.
La modificación de la Ley de Comercio Interior de Andalucía supone dar cumplimiento a los requerimientos de Comisión Europea (CE) y se realiza bajo la fórmula del decreto ley, prevista por el Estatuto de Autonomía para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. En este sentido, el Gobierno andaluz considera que el desarrollo del PEC debe avanzar para reforzar la seguridad jurídica de un sector intensamente afectado por la caída del consumo en los últimos años.
El sector comercial representa el 11 por ciento del Producto Interior Bruto regional, aglutina a casi 165.000 establecimientos (pymes en un 94 por ciento) y ocupa a 480.000 personas, con una fuerte presencia del autoempleo y del empleo femenino. En esta actividad, las grandes superficies minoristas alcanzan la cifra de 276 y suman una superficie de 2,8 millones de metros cuadrados. Por provincias, destaca Sevilla, con 71, Málaga (53) y Cádiz (48). Les siguen Granada (33), Córdoba (24), Huelva (17), Almería (16), y Jaén (14).
PP-A DENUNCIA LOS RECORTES DE LA JUNTA AL SECTOR
En el turno de intervención de los grupos, la diputada del PP-A Ángeles Isac ha asegurado que el sector del comercio en Andalucía está "inmensamente" afectado por la crisis e incluso "hecho trizas", y que, sin embargo, la actuación del Gobierno andaluz se caracteriza por los recortes, la baja ejecución presupuestaria y el "no uso" de los "tan cacareados" fondos reembolsables.
Isac ha precisado que el recorte presupuestario para este sector entre los años 2011 y 2014 ha sido de un 44 por ciento, pasando de los 28 millones en 2011 a los 15,9 en 2014, con una ejecución del 36 por ciento, lo que la diputada popular ha calificado de "preocupante, inasumible, decepcionante, humillante y vejatorio para el sector".
Por su parte, el diputado del PSOE-A Francisco Jesús Fernández Ferrera ha considerado necesario ofrecer nuevas respuestas y una mayor protección y seguridad jurídica al sector comercial, al tiempo que ha explicado que esta ley persigue "un modelo de ciudad amable, abierta e integradora, así como un comercio sostenible y cercano".
Fernández Ferrera, que ha defendido que el comercio es una herramienta potente para hacer frente la crisis y dinamizar las ciudades, ha afirmado que en el siglo XXI "urbanismo y comercio deben y tiene que ir de la mano, converger y tener puntos de encuentro".
Finalmente, el portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, ha destacado que uno de los objetivos de la federación de izquierdas es la moratoria a la implantación de nuevas grandes superficies comerciales minoristas y para ello se hace necesario derogar la Directiva Comunitaria de Servicios.
"Pero mientras que ello se consigue, este decreto supone un avance al freno a este tipo de formato comercial", ha apuntado el parlamentario de IULV-CA, quien también ha señalado que esta normativa viene a priorizar al pequeño y mediano comercio.
