Expone que deberían otorgarse a colectivos de jóvenes en desempleo con proyectos empresariales, dando prioridad a actividades ecológicas
SEVILLA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas, ha mostrado su respaldo a la iniciativa de crear un 'banco de tierras' con las fincas propiedad del Estado para que sean cultivadas y explotadas por cooperativas agrarias, abogando en este sentido por buscar medios que sean "plenamente respetuosos con la economía de mercado y el Estado de Derecho".
En comisión parlamentaria para presentar los presupuestos autonómicos del ramo, Planas ha ofrecido su posicionamiento sobre el particular a raíz de las intervenciones tanto de la diputada por IULV-CA Dolores Quintana como del parlamentario popular Miguel Ángel Arauz, que ha llegado a solicitar la postura del consejero sobre el particular bajo la argumentación de que le interesaba "mucho" conocerla.
Así, el responsable autonómico de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha aludido a la existencia de "matices" respecto a la posición defendida públicamente por IULV-CA en cuanto al "error" de sacar a subasta tierras propiedad de la Junta, argumentando en cambio que a su juicio se trató de una decisión "correcta".
Por lo demás, Planas ha asegurado identificarse "perfectamente" y compartir la "sensibilidad social" del asunto, "teniendo en cuenta la limitación numérica del tema en cuestión", calificando de "sensible desde el punto de vista político" el plantear qué se puede hacer con estas tierras.
Una opción viable pasaría por abrir una vía "transparente y en las condiciones señaladas por el Estado" para la explotación de las cooperativas. A este respecto, el consejero ha dicho que, "evidentemente", ésta debería otorgarse a colectivos de jóvenes en desempleo con proyecto empresariales que pudieran llevarse a cabo, dando prioridad a actividades ecológicas.
"Es algo en lo que venimos pensando desde el mes siguiente a mi toma de posesión, y vamos a ver en qué momento se puede actuar en la línea de lo expresado", ha manifestado Planas, que ha añadido que "si hay algo a lo que podamos sacarle más producto porque no esté suficientemente explotado, me parece que es una obligación de la administración buscarle una salida". Ha culminado apuntando que la cuestión precisa de una "leve" modificación legislativa, razón por la cual "el proceso no se puede concluir en este momento".
Sobre la iniciativa, Dolores Quintana ha subrayado en la misma comisión que la federación de izquierdas entiende que este patrimonio público de suelos se debe poner a disposición en la medida en que las tierras están "ociosas" y "con una buena gestión se puede recoger ese objetivo de utilidad".
RECHAZO DEL GOBIERNO CENTRAL
El Gobierno estatal, por su lado, ha rechazado esta posibilidad, incluida por IU en el programa electoral con el que concurrió a las elecciones autonómicas de Andalucía y que ha llegado al Congreso.
Así consta en una respuesta escrita al portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, José Luis Centella, que recoge Europa Press, y en la que el Ejecutivo afirma que "el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no tiene entre sus previsiones" la constitución de una entidad de esas características.
Además, recuerda que las fincas agrarias estatales tienen como finalidad principal la conservación del medio natural y el uso y disfrute por los ciudadanos, además de obtener productos derivados de la explotación sostenible del monte --aprovechamientos forestales, cinegéticos y ganaderos-- "cuando es compatible con la norma reguladora de cada espacio".
"La adjudicación de estos aprovechamientos a terceros se rige por los procedimientos establecidos en la legislación de contratos del sector público, que necesariamente deben incluir la publicidad y la libre concurrencia. Estas actividades generan actividad económica y por tanto empleo en las zonas donde se realizan", zanja el Gobierno.
IU-ICV-CHA ha introducido este asunto en el Congreso con la presentación de una proposición no de ley con la que insta al Gobierno a realizar un estudio sobre las tierras propiedad del Estado --tanto abandonadas como subexplotadas-- que puedan ser incluidas en un 'banco de tierras' en España, y que negocie con otros propietarios de parcelas susceptibles de ser incorporadas a la iniciativa.
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