Archivo - Investigación de la Guardia Civil en la gasolinera de Coria del Río (Sevilla)
Archivo - Investigación de la Guardia Civil en la gasolinera de Coria del Río (Sevilla) - GUARDIA CIVIL - Archivo
Publicado: domingo, 17 julio 2022 17:08

Lamentan que el Gobierno local no accediese a las peticiones y haya "tirado balones fuera" pese a la gravedad del problema

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de vecinos afectados por el prolongado episodio de contaminación que desde hace años sufre la barriada Guadalquivir de Coria del Río (Sevilla), fruto de un vertido de hidrocarburos de la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L. enclavada en dicha zona, ha lamentado que el Gobierno local del andalucista Modesto González haya rechazado los puntos propuestos por los grupos de oposición en el reciente pleno extraordinario promovido por tales fuerzas, en demanda de una batería de medidas reclamadas por los propios vecinos, alegando el gabinete municipal que la Justicia ha denegado las mencionadas medidas.

En su solicitud de pleno extraordinario, recogida por Europa Press, el PSOE, el PP y Adelante rememoraban que en junio de 2021, el pleno aprobó una moción por la que reclamaba la activación inmediata del Plan Municipal de Emergencias, pero "no se ha tomado ninguna medida en ese sentido", por lo que lamentaban la "indolencia" del Gobierno local.

El colectivo de afectados, de su lado, tiene solicitada una reunión con el consejero de Salud, el popular Jesús Aguirre, en demanda de aspectos como los análisis de sangre que actualmente se encuentran en el Hospital Virgen del Rocío; mejorar la atención primaria de algunos médicos del centro de salud de Coria; proporcionar atención médica personalizada a los niños y analizar el material biológico de un riñón extraído de uno de los afectados, entre otras reivindicaciones.

A tal efecto, los citados grupos de oposición proponían en el nuevo pleno extraordinario promovido por este caso, la nueva activación "inmediata" del Plan Municipal de Emergencia, así como que el Ayuntamiento redactase un informe esclareciendo una serie de aspectos y que la Empresa Metropolitana de Aguas de Sevilla (Emasesa) elaborase también un documento, dando respuestas a toda una serie de cuestiones planteadas por los afectados.

Se trata, según defendía en el pleno el portavoz del PP, Andrés Parrado, de "medidas reclamadas desde hace años por los vecinos" ante la "indolencia" del Gobierno local ante este prolongado problema; mientras Juan Antonio Bizcocho (Adelante) reclamaba profundizar en el "posible" carácter "multicausal" del asunto, aludiendo entre otros aspectos a los testimonios de "técnicos especializados" que apuntan a "otros focos" de contaminación, como pozos negros que "podrían sumarse a la gasolinera. "El daño es ya irreparable", avisaba.

LOS POZOS NEGROS

Antonio Manuel Martínez, del PSOE, señalaba igualmente que se haya insistido en "la teoría de la gasolinera" sin "estudiar esa segunda posibilidad de los pozos negros", pese a sus sucesivas menciones a lo largo de la prolija investigación del asunto. Además, reclamaba la celebración de una nueva junta local de seguridad en torno a este asunto.

Pero el Gobierno local, que goza de mayoría absoluta en el pleno, avisaba de que el caso "está judicializado" y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha resuelto que "no ha lugar" a los aspectos contenidos en la propuesta de la oposición. "Como el tema está judicializado, no podemos hacer nada", aseveraba, apoyando a los vecinos pero llamando a "no desautorizar" a los órganos judiciales que trabajan en este asunto.

El propio alcalde defendía que la empresa gestora de la gasolinera "ha reconocido su responsabilidad" de la contaminación y promueve la "recuperación voluntaria del suelo contaminado". Tras tumbar el Gobierno local una enmienda de la oposición a su propia moción para someter los puntos de la misma a la autorización judicial, la propuesta fue rechazada el votar en contra los concejales del gobierno andalucista.

Tras dicho pleno, la portavoz del colectivo de afectados, Rogelia Fernández, ha manifestado en un comunicado de prensa que el Gobierno local ha "tirado balones fuera". "Se ha querido excusar en que el caso está judicializado, pero cuando desde la oposición se le ha dicho que se apruebe la moción a expensas de que autorice el juzgado a que se lleven a cabo las actuaciones, de nuevo se ha negado", rememora.

LA OTRA "HIPÓTESIS"

"Además, de nuevo han cargado contra el ingeniero técnico municipal cuando se le ha interpelado por qué no se ha investigado a fondo la hipótesis de los pozos negros. No sabemos que quieren esconder o a quién quieren tapar", ha criticado, considerando "lamentable" la actitud del alcalde, a quien ha acusado de "ninguneo" al colectivo.

Mientras el primer edil alegaba en el pleno que "toda" la información está en un expediente de "2.000 páginas" elaborado por el Ayuntamiento y a disposición pública, la portavoz del colectivo ha criticado que el mismo no acceda a "contestar a nada" de lo que solicitan expresamente los afectados por la vía reglamentaria.

Ello, en paralelo a la investigación judicial promovida al respecto por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Coria, por un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales con afección grave a la salud de las personas a cuenta de la citada fuga de hidrocarburos en la gasolinera cercana a las viviendas de los afectados. En la causa, recordémoslo, figura como investigado el propio alcalde de Coria.

EL ORIGEN DE LAS "FUGAS"

Recordemos que cuando el pasado 16 de octubre de 2020 prestaron
declaración como investigados los administradores y el gerente de la gasolinera, los mismos habrían negado que la instalación, gestionada por Zamarrilla Inversiones S.L., sufriese "fugas" en sus depósitos de combustible o cualquier "vertido" de sustancias contaminantes, alegando que en 2019 fue implantado en el recinto un sistema de prevención de filtraciones desde los depósitos al subsuelo. Además, habrían expuesto que el recinto cuenta con una "barrera hidráulica".

Así, los tres investigados habrían negado ante el juzgado que los episodios de contaminación y hedores investigados por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil a instancias de la Fiscalía, a raíz de la denuncia interpuesta por residentes de la barriada Guadalquivir, deriven de la actividad de la gasolinera, aludiendo a una "contaminación histórica" en la zona, cuyo origen estaría pendiente de esclarecer aún, según su tesis.

En las actuaciones realizadas, en cualquier caso, se ha detectado, tras mediciones realizadas en el interior de varios domicilios de la citada barriada, la presencia de compuestos orgánicos volátiles (COV) derivados de hidrocarburos, así como Sulfato de Dimetilo, muy tóxico por inhalación, según la Guardia Civil. Los agentes del Seprona detectaron igualmente, en las proximidades de la gasolinera intervenida la presencia de un vertido de hidrocarburos.

ESCAPES O VERTIDOS

Según los técnicos, como consecuencia de los escapes o vertidos contaminantes de hidrocarburos tipo gasolina, gasoil y aceites minerales, se ha producido un daño sustancial a la calidad del suelo en el entorno de la gasolinera.

Dicha contaminación "ha dado lugar a un daño sustancial a la calidad de las aguas subterráneas y, por los flujos de descarga de los acuíferos y su cercanía al cauce, se produce una situación de grave perjuicio para el sistema natural del estuario del Guadalquivir, así como un riesgo importante de grave perjuicio a la salud de las personas" de la zona.

Para confirmar tal extremo, la Guardia Civil inspeccionó la gasolinera junto con inspectores del Servicio de Industria y Energía de la Junta de Andalucía, tanto física como documentalmente, comprobándose que existían anomalías en forma de fuga en el depósito de gasolina SP/95, según el Instituto Armado.

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