LORA DEL RÍO (SEVILLA), 7 May. (EUROPA PRESS) -
El PP de Lora del Río (Sevilla) exigió hoy al Ayuntamiento del municipio que devuelva el dinero de la partida de gastos de protocolo y representación invertido en el pago de dos multas de tráfico del coche de Alcaldía.
Según explicó a Europa Press la portavoz popular en el Consistorio loreño, Pilar Pasadas, en la contabilidad municipal consta de los días 1 y 3 de diciembre de 2008 el pago de dos multas por valor de 35 y 310 euros, procedentes del Ayuntamiento de Sevilla y la Dirección General Tráfico, respectivamente.
Así, precisó que el vehículo utilizado en ambas infracciones es el coche de Alcaldía, pero dijo desconocer quiénes hicieron uso del mismo, ante lo que exigió que devuelvan "de inmediato el dinero de todos los vecinos, que los infractores paguen de su bolsillos las multas que reciban".
En este sentido, afirmó que las denuncias de tráfico se dirigen al conductor, no al titular del vehículo, y recordó que durante el anterior periodo de gobierno del PP en el municipio --1993-2003-- un concejal de Hacienda fue multado mientras usaba un coche oficial y "pagó la multa de su bolsillo".
"Mientras todos los ciudadanos pagamos religiosamente las multas hay personas y ciudadanos 'vip' que conforman el equipo de gobierno que están exentos de todo, máxime cuando las denuncias de tráfico son al conductor y nunca al titular de vehículo", criticó Pasadas.
Ante tal situación, lamentó el "abuso de poder" del gobierno local, lo cual, a su juicio "viene a confirmar el desgobierno absoluto que reina en el Ayuntamiento de Lora, donde cada concejal vela más por sus intereses personales que por los generales".
Por tanto, anunció que van a solicitar al Ayuntamiento las cuentas generales desde 2003, año en que entró el PSOE en el gobierno del municipio, para "detectar si hay más casos", además de que elevaron ayer una pregunta al Pleno y "si no contestan en una semana se solicitará la convocatoria de una comisión informativa para que den explicaciones".
De igual modo, han pedido un informe al Interventor del Ayuntamiento para que "explique jurídicamente si es legal" el pago de las citadas sanciones con dinero público. "Si nada de eso nos convence, con la documentación que tenemos, que es la partida desglosada, iremos a la Fiscalía para que investigue", concluyó.
