MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
El PP no cree que haya "ninguna justificación" para que la ministra de Fomento, Ana Pastor, tenga que comparecer en el Congreso de forma "urgente" antes de que acabe el mes de enero para explicar su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Antidesahucios de Andalucía, convocando para ello una sesión extraordinaria de la comisión parlamentaria, tal y como habían solicitado el PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), que ya ha anunciado que plantearán la reprobación de la dirigente 'popular' en cuanto se reactive la actividad ordinaria de la Cámara.
El 'popular' Juan José Matarí ha defendido en la Diputación Permanente del Congreso celebrada este martes el rechazo de su grupo a la petición, argumentando que "a pocos días de iniciar el periodo ordinario no existe justificación para una comparecencia urgente y extraordinaria" sobre "una hipotética desprotección de derechos constitucionales".
Sin embargo, el socialista Javier Barrero ha reclamado que la titular de Fomento explique "por qué en una situación tan lamentable como la de algunas familias" el Ejecutivo presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra una decisión que pretende "solventar" problemas de los ciudadanos.
"(El recurso) deja en una situación lamentable a muchas familias, permite una auténtica crueldad. El pueblo español merece una explicación", ha insistido el diputado, subrayando que la norma andaluza es "justa y constitucional" porque busca "evitar la vulneración" del derecho a la vivienda y "defiende el principio constitucional de la igualdad".
SÓLO 200 CASOS
Además, Barrero ha recordado que la ley sólo permite una "expropiación temporal de la vivienda para supuestos excepcionales", lo que desde su entrada en vigor el pasado mes de octubre sólo ha sido necesario en dos casos y ha generado 37 expedientes para unas 200 familias. No obstante, las propias entidades financieras han paralizado más de 3.260 desahucios a resultas de la legislación
Por su parte, el portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, coincide en que "la ciudadanía andaluza merece como mínimo una explicación" sobre el "empeño" del Gobierno en oponerse a una norma que ha sido aprobada en virtud de las competencias estatutarias de la Junta y que beneficiará a las familias en situación más comprometida.
"Es grave que el PP, que es tan suave cuando hay que confrontar con los poderosos y no duda en defender a los bancos y en ir a otros países para defender a grandes empresas españolas, cuando se trata de defender a la gente más desprotegida les da la espalda y se sitúa claramente en contra", ha reprochado el diputado andaluz.
Además, ha recordado que el derecho a la vivienda tiene un carácter preeminente en la Constitución frente al derecho a la propiedad privada, y ha anunciado que en cuanto se reanude la actividad ordinaria del Congreso su grupo planteará la reprobación de Pastor, que se ha convertido en "la punta de lanza" del Gobierno "en contra de la autonomía de Andalucía y de los intereses de la mayoría de los andaluces".
ESTRATEGIA DE CONFRONTACIÓN
El diputado del PP Juan José Matarí ha afirmado que la situación de desprotección de derechos de los andaluces se produce "por algunas iniciativas" de la Junta, "particularmente por las promovidas por IU", y no como consecuencia del recurso ante el TC presentado por el Gobierno del PP, que ha sido "el primero" en tomar medidas para proteger a las personas afectadas por los desahucios.
"Esta iniciativa forma parte de la estrategia de confrontación de la Junta con el Gobierno, utilizando en esta ocasión un drama como el de los desahucios, que representa una de las caras más amargas de la crisis", ha acusado el 'popular', recordando que este problema nació "como tantos otros con el PSOE, que miraba para otro lado mientras en Andalucía se producían 61.000 ejecuciones hipotecarias y (Carme) Chacón creaba juzgados especiales para agilizar los desahucios".
Frente a eso, el PP ha propuesto "medidas eficaces" que han beneficiado ya a más de 4.000 familias con reestructuraciones de deuda (1.700 casos), daciones en pago (600), realojos en viviendas del Fondo Social (600) y moratorias en los lanzamientos (1.500).
Y, mientras, "en Andalucía hay un Gobierno que propone soluciones radicales, engañosas, inconstitucionales y que no sólo no resuelven los problemas de las personas sino que crean además muchos problemas al conjunto de los andaluces", añade Matarí, criticando que la Junta, pese a sus 32.000 millones de euros de Presupuesto, sea "incapaz" de resolver el problema de 200 familias sin expropiar a los bancos y teniendo 5.000 viviendas públicas vacías o no promoviendo vivienda protegida en alquiler.
"Así protege el gobierno andaluz los derechos constitucionales. Ésa es su sensibilidad, su crueldad con los andaluces", ha zanjado Juan José Matarí.
POR LO MENOS DEBATIR SOBRE EL TEMA
Las solicitudes también han recibido el respaldo de UPyD y CiU. La portavoz parlamentaria de la formación magenta, Rosa Díez, ve "oportuno" al menos debatir sobre el "interés social de la vivienda", al margen del recurso de inconstitucionalidad y de la normativa andaluza, que a su juicio "plantea dudas de legalidad y constitucionalidad, y que no resuelve en modo alguno el problema de la segunda oportunidad que se niega a quienes pierden su vivienda".
El nacionalista catalán Jordi Jané, por su parte, señala que sería conveniente hacer una "reflexión" sobre la suspensión automática que prevé el artículo 161.2 de la Constitución cuando el Gobierno recurre una normativa autonómica, una posibilidad que "no es un imperativo" y que "el Gobierno podría no ampararse siempre en ese artículo" porque eso "sitúa a las comunidades autónomas en una situación de desequilibrio".
