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Quiere que la Junta publique las contrataciones con las administraciones públicas de los familiares de altos cargos
SEVILLA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una petición de comisión de investigación sobre los cursos de formación para el empleo del SAE y cuyo uso, según los 'populares', "está en cuestión".
Así lo ha anunciado en rueda de prensa la vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana Corredera, quien ve en esta petición "una nueva oportunidad" para que la Junta de Andalucía "se retrate realmente sobre si quiere transparencia o no" ya que, de no ser aceptada por el Consejo de Gobierno, todo su discurso sobre la transparencia se quedará "en pura palabrería y marketing".
"Nosotros creemos que es importante que se aclare todo lo que se refiere a estos fondos", ha argumentado Corredera tras recordar que, hasta ahora, las que han propuesto sobre Invercaria o Bahía Competitiva han contado con el voto contrario tanto de los grupos parlamentarios de PSOE-A e IULV-CA como del Gobierno andaluz. "Espero que esta no corra la misma suerte y que ese adalid de la transparencia que quiere ser este Gobierno se demuestre con hechos permitiendo esta comisión", ha apostillado.
Según Corredera, el "problema" del "bipartito" es que "tiene muchas zonas oscuras", que "nada en su salsa en la oscuridad más absoluta" y que no impulsa medidas de transparencia reales ni pone en marcha "instrumentos contundentes" contra la opacidad.
Como ejemplo, ha citado el proyecto de Ley de Transparencia que la Junta lleva este martes al Consejo de Gobierno, un texto que creen que no estará en vigor "hasta 2015" aproximadamente y que consideran "incompleto, cojo y vacío de contenido". Entre otras cosas, porque "establece sanciones pero no especifica para qué tipo de actuaciones" y tampoco "da garantías" a la oposición de que, con ella, va a poder conocer en tiempo y forma la información que le solicita a la Junta (tiene pendiente de contestación "más de 900 expedientes" desde hace año y medio).
Es por eso que Corredera entiende que esta Ley andaluza de Transparencia nace, no sólo tarde después de dos años de legislatura de "bipartito", sino, además, al albur de la Ley de Transparencia del Gobierno de la Nación, de la que la Junta hará "una mala fotocopia".
También cree que este primer proyecto de Ley del Gobierno andaluz está hecho 'ad hoc' para "desviar el foco" de los casos de corrupción que afectan al "bipartito". "Está hecha para salvar la cara a la Junta de Andalucía, pero no entra en el fondo del verdadero problema de Andalucía: la corrupción", ha sentenciado al respecto.
Ante ello, la vicesecretaria de Organización del PP-A ha exigido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que "convierta la transparencia en uno de los ejes fundamentales de su acción pública y no lo deje en pura palabrería".
LO QUE DEBERÍA CONTENER LA LEY
Según el PP-A, "lo mínimo" que la Ley andaluza de Transparencia debe contemplar si de verdad se quiere recuperar la confianza de los ciudadanos son "las relaciones en materia de contratación con las administraciones públicas y los entes participados de los miembros de la unidad familiar de los altos cargos del Gobierno andaluz".
Los 'populares' andaluces también quieren que "se remita obligatoriamente al Parlamento al final de cada ejercicio presupuestario y que se publiquen en la página web las retribuciones dinerarias y en especie de los altos cargos, los directores de los entes públicos y del sector público empresarial, los pluses de productividad, las dietas, los gastos de locomoción... Eso es transparencia", ha dicho Corredera.
Del mismo modo, ha pedido que se publiquen "los gastos de contratación de servicios jurídicos y profesionales externos relativos a la defensa de altos cargos o ex altos cargos imputados; que se conozcan las cesantías de altos cargos, y que se permita conocer el número de personal eventual que está contratado en la Administración andaluza los cargos de confianza y puesto singularizados".
"Creemos importante también conocer los presupuestos de explotación y capital de todas las empresas y todos los entes que conforman el sector público andaluz", ha añadido tras pedir igualmente "que se abran auditorías de forma automática cuando haya una denuncia o recomendación de la Intervención General sobre posible uso fraudulento de fondos públicos".
