El PP pide la comparecencia de Castillo para informar sobre aportaciones en el "timo" del pantano de Melonares

El Grupo Popular anunció hoy la futura petición de comparecencia de la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Cinta Castillo, para solicitar información sobre plazos y aportaciones económicas de las administraciones con respecto al pantano de Melonares, que calificó de "un auténtico timo".

En rueda de prensa, el portavoz de Obras Públicas y Transportes del PP en el Parlamento andaluz y vicesecretario regional, Jaime Raynaud, y el vicesecretario de Ordenación del Territorio e Infraestructuras del PP de Sevilla, José Miguel Luque, recordaron la situación de este pantano, cuya obra quedó finalizada en 2008, con una inversión global de 109 millones y a un 50 por ciento de su capacidad, "absolutamente infravalorada y disminuida" por la falta de conducciones que lleven el agua hasta los usuarios de Sevilla y el área metropolitana.

Según indicó Raynaud, las conducciones, ya adjudicadas por un montante de 15 millones y 18 meses de plazo en una primera fase a cielo abierto y de 27 millones y 30 meses en una segunda bajo tierra, cuenta con una consignación presupuestaria en las previsiones económicas de la Junta para 2010 de cuatro millones, así como de tres y medio en 2011 y de dos en 2012.

"Consciente de la gravedad del tema", el PP presentó una enmienda a los presupuestos para incrementar en seis millones más la cifra para este año, dado que además, criticó el parlamentario andaluz, el Estado sólo ha previsto 230.000 euros "una coletilla". Por ello, Raynaud se preguntó qué administración se hará cargo del dinero restante.

En lo referente a los plazos, y suponiendo que éstos no se solapen, se tardaría cuatro años en terminar el global de las conducciones, y 30 meses como mínimo si se solapan, "cuando en 2009 se dijo que las obras comenzarían ese mismo año".

Asimismo, Raynaud instó a poner en claro a qué administración compete el pantano, si a la Junta o al Estado, y matizar los posibles porcentajes de reparto o los intereses de la administración estatal, puesto que la actual tesitura "hace saltar por los aires" el acuerdo que en su día adquirió el Gobierno de la Nación del PP y la Junta de Andalucía para que un 60 por ciento de las conducciones las asumiera el Estado y un 40 por ciento la administración autonómica.

"Es el dinero de todos los andaluces y no se puede administrar como si fuera de la cartera propia", lamentó el portavoz parlamentario popular de Obras Públicas y Transportes, que incidió en la "gravedad extraordinaria" del asunto y calculó en unos 30 millones de euros la pérdida registrada por el hecho de que la presa esté cerrada y sus infraestructuras sin utilizarse.