PP pide a Espadas exigir la retirada de la Ley de Patrimonio que "pretende quedarse con Alcázar, Catedral o Giralda"

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado en rueda de prensa que va a pedir este jueves en el Pleno municipal que el alcalde, el socialista Juan Espadas, exija la retirada del anteproyecto de Ley de Patrimonio Histórico Español impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, con la que, en su opinión, "pretende quedarse con el Alcázar, la Catedral o la Giralda al pasar a ser titularidad del Estado".

El portavoz del Grupo Popular, Juan de la Rosa, ha manifestado que la ley actual es de 1985 y ha afirmado que su formación lleva "mucho tiempo" pidiendo una reforma "dentro del consenso y el dialogo, con aportaciones de todos los grupos". Sin embargo, señala que ante la presentación de esta iniciativa por el Gobierno de Sánchez "nos hemos encontrado con un anteproyecto sin negociar con nadie y donde se quitan las competencias a los ayuntamientos", ya que afirma que "la base de esta ley es que la titularidad y la gestión de los bienes patrimoniales dependan del Estado".

Al respecto, De la Rosa ha señalado en un comunicado que desconoce "qué postura va adoptar Espadas, si va a defender esta ley o se va poner al lado de los sevillanos", y ha lamentado que el alcalde "solo haya mandado una carta al presidente del Gobierno, firmada por el delegado de Urbanismo, pidiendo que el Ayuntamiento mantenga la titularidad del Alcázar, olvidando al resto de monumentos Patrimonio de la Humanidad, conventos o bienes de hermandades, por ejemplo".

"Es importante saber si Espadas se va a poner al lado de los sevillanos, pidiendo que se anule el anteproyecto de Ley de Patrimonio, o al lado de su jefe, Pedro Sánchez", agrega, tras temer que el jueves "se vea un postureo del PSOE amparado por el propio Espadas".

Además, De la Rosa entiende que "las modificaciones que pretende introducir el Gobierno de España en la vigente Ley del Patrimonio Histórico Español suponen una injerencia estatal indebida en monumentos como la Catedral de Sevilla y el Real Alcázar e introduce limitaciones inapropiadas en la capacidad de gestión del Arzobispado de Sevilla, órdenes religiosas y hermandades sobre el patrimonio de su propiedad".