MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Popular volverá este miércoles, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, a dirigir varias preguntas al vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, por los expedientes de regulación de empleo (ERE) supuestamente irregulares detectados por la Junta de Andalucía y los negocios de su hijo Iván.
De este modo, se acumulan siete plenos consecutivos en los que Chaves es destinatario de las preguntas de los 'populares' al respecto del supuesto conocimiento que éste habría tenido de los ERE irregulares cuando era presidente de la Administración Autonómica y de las labores profesionales de sus hijos.
Las preguntas al vicepresidente sobre temas que conciernen a su etapa como presidente de la Junta de Andalucía se han convertido en habituales en los últimos meses. Las cuestiones las referentes al caso Matsa, empresa que recibió una subvención de la Junta cuando la hija de Chaves era apoderada, dieron paso a las relacionadas con los ERE y, después, a las de los negocios como mediador entre empresas y la Administración pública de su hijo Iván.
El PP ha preguntado a Chaves y a otros miembros del Gobierno inninterrumpidamente desde el 9 de marzo y, en esta ocasión, Juan José Matarí le interrogará sobre si considera que su gestión contribuye a generar confianza en el Gobierno. Mientras, Juan Manuel Moreno Bonilla le interrogará por si tiene previsto asumir "responsabilidades políticas por la participación de miembros de su familia en la consecución de contratos con diferentes administraciones públicas".
Además, este miércoles Ricardo Tarno cuestionará al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, sobre si considera que la Fiscalía Anticorrupción ha contribuido al avance de la instrucción judicial del caso de los ERE.
La actuación del Ministerio Fiscal en este sentido ha sido también blanco de las críticas de los 'populares', que han afeado su supuesta inacción inicial y, posteriormente, que instase a la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, a no reclamar la entrega de las actas de los Consejos de Gobierno andaluces desde 2001 hasta la actualidad, sustituyendo este requerimiento por el de certificación acreditativa de los acuerdos adoptados expedida por el secretario de dicho órgano de gobierno.
