El PP recurre el archivo del caso del Consorcio de Estepa respecto al alcalde de Casariche (Sevilla)

ESTEPA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El PP ha interpuesto un recurso de reforma ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Estepa (Sevilla), que indaga las contrataciones presuntamente sin licitación acometidas por el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur, en favor de "empresas fantasma" administradas por familiares de miembros de dicha entidad pública, contra la decisión de dicha instancia de decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto al expresidente del Consorcio y actual alcalde de Casariche, Basilio Carrión (PSOE).

Este recurso de reforma, recogido por Europa Press, se dirige contra el auto emitido el pasado 3 de mayo por el Juzgado número dos de Estepa, una resolución en la que el juzgado expone que aunque "al inicio de la instrucción existían razonables motivos para incluir a Basilio Carrión como investigado, las diligencias practicadas permiten concluir que no existen indicios lo suficientemente sólidos para mantenerlo en la referida situación".

Y es que según el juzgado, "no se tiene constancia de que existiese un concierto previo o una cooperación necesaria, activa u omisiva, del entonces presidente del Consorcio en la estrategia urdida por los principales investigados para, presuntamente, defraudar al ente público y obtener un ilícito beneficio a través de la asignación a la empresa Magno Medioambiental, --administrada por José Antonio Mañas, secretario del Consorcio, y Manuel Ibáñez, gerente de la entidad y jefe de la planta de residuos, ambos también investigados--, de los contratos de arrendamiento de servicios".

"FAVORECIMIENTO INGENUO"

"Todo lo más, en su caso, habría existido una suerte de favorecimiento involuntario, o incluso ingenuo, por parte de Basilio Carrión, que no cubre las exigencias del tipo subjetivo de
ninguno de los delitos por los que se procede", zanja el juzgado, ordenando el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a este dirigente socialista, frente a la oposición de la Fiscalía a tal decisión.

En ese sentido, el PP invoca en su recurso de reforma que la propia Fiscalía considera, literalmente, que "existen indicios de participación del investigado en los hechos, habiendo reconocido firmar las resoluciones y acuerdos que se le presentaban, confiado en el criterio del equipo técnico sobre la procedencia de hacer algún
tipo de contratación por ser más beneficioso o para prestar el servicio, señalando a la Secretaría e Intervención y a Manuel Ibáñez, (...) sin olvidar la posibilidad de apreciar grados de participación a modo de cooperación necesaria para quien presta su colaboración para la comisión del delito".

Igualmente, el PP indica en su recurso de reforma que "la procedencia de acordar el sobreseimiento o continuación de la causa requiere de un análisis pormenorizado de la misma, en su conjunto, y no con respecto a un concreto investigado", así como diversos pronunciamientos de la Audiencia de Sevilla según los cuales "el momento procesal oportuno para pronunciarse respecto al sobreseimiento es una vez concluida la instrucción".

Basilio Carrión, recordémoslo, ha prestado declaración como investigado en dos ocasiones ante el juzgado instructor del caso por su papel como otrora presidente de este consorcio donde según la Policía Nacional, fueron realizadas contrataciones con cargo a fondos públicos y sin ningún tipo de licitación, en favor de "empresas fantasma cuyos administradores eran familiares" de los miembros de la red investigada, figurando por ejemplo contrataciones con la citada empresa administrada por el secretario del Consorcio y el gerente de la entidad y jefe de la planta de residuos.

La Policía Nacional considera que estas personas consiguieron "un enriquecimiento mediante la autocontratación de servicios destinados al Consorcio y siempre al margen de cualquier licitación pública", siéndoles intervenida numerosa documentación, automóviles y más de 90.000 euros en efectivo en una de las dos tandas de detenciones acometidas por los agentes en sus actuaciones.

QUIÉN LLEVABA LA "GESTIÓN ORDINARIA"

En ese contexto, Basilio Carrión defendió ante el juez instructor que pese a ostentar la Presidencia del Consorcio, él no se encargaba de la "gestión ordinaria" del mismo, asegurando que eran el secretario de la entidad y también investigado en la causa, José Antonio Mañas, y el jefe de la planta de tratamiento de residuos e igualmente investigado, Manuel Ibáñez, quienes estaban al frente del "funcionamiento" del consorcio.

En esa línea, Basilio Carrión aseguraba que él "confiaba" en la gestión del Consorcio y que durante su etapa como presidente de la entidad no tuvo constancia de ninguna "incidencia" que le hiciese desconfiar de Mañas o Ibáñez.

En cuanto a la empresa Magno Medioambiental, otrora administrada por el secretario del Consorcio, Basilio Carrión defendía que él no participó en la contratación de dicha sociedad por parte del Consorcio, asegurando desconocer si el secretario o el jefe de la planta de gestión de residuos tenían algún vínculo con esta empresa.

Respecto a su firma en una de las contrataciones con dicha empresa administrada por el secretario, Basilio Carrión alegaba que si su rúbrica está estampada en el documento es porque le habrían dicho que era "necesario" que lo firmase, negando cualquier beneficio personal por el contrato con Magno Medioambiental y acogiéndose a su derecho a no contestar a ninguna de las preguntas de las acusaciones.