SEVILLA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha señalado que el proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2015 que ha aprobado este martes el Consejo de Gobierno mantendrá como el pasado ejercicio las inversiones de forma "territorializadas" pero no "provincializadas" como reclama el PP-A.
Según ha explicado en rueda de prensa tras presentar la generalidad del que es el tercer presupuesto elaborado por el gobierno de coalición integrado por PSOE-A e IULV-CA y el segundo con Susana Díaz como presidenta, estas cuentas tendrán una "metodología de anexo de inversiones que es la misma que la del año pasado".
Es decir, que se da traslado de las inversiones que están "territorializadas" pero que eso no significa, según ha admitido Montero, que estén "exactamente provincializadas".
Pese a ello, la consejera ha indicado que sí se podrán consultar los "detalles singulares" de aquellos proyectos que, "por su volumen y dimensión implican un epígrafe presupuestario expreso". "Pero no va a variar la metodología que se empleó el año pasado", ha concluido.
PP-A RECLAMA "NOMBRES, APELLIDOS Y CIFRAS"
Precisamente en la mañana de este mismo martes, el portavoz de Infraestructuras del PP-A, Jaime Raynaud, volvía a exigir que las cuentas de la Junta para el próximo año estuvieran "provincializadas" y con las inversiones detalladas "con nombres, apellidos y cifras" en las ocho provincias andaluzas, algo que ha considerado una "obligación ineludible" del gobierno autonómico para cumplir con el objetivo establecido en el Estatuto de Andalucía de vertebrar Andalucía.
A principios de este año, el PP-A presentó dos recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) y ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la "opacidad" del presupuesto autonómico de 2014 por no detallar las inversiones de forma provincializada. La intención de este recurso, según explicaron entonces los 'populares', era que no volviese a ocurrir en las cuentas de 2015, pero no fue admitido a trámite por el Alto Tribunal al considerar que el elemento recurrido es una iniciativa legislativa que "no es susceptible de impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa".
