SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PSOE-A ha acusado este jueves al PP-A de pretender "manipular" e "influir" en la instrucción del caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE).
En declaraciones a los periodistas, el portavoz del grupo socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, se ha pronunciado así tras ser preguntado sobre el hecho de que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Rojas, haya lamentado este jueves "el acoso" al que está "sometiendo el PSOE-A y el Gobierno andaluz" a la juez instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, considerando "gravísimo" que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "mandate a sus portavoces y voceros a atacar de forma discriminada a la justicia y a intentar acorralar las resoluciones judiciales" de la magistrada.
Tras manifestar que el Partido Popular es una "máquina de acosar" jueces, Jiménez ha enmarcado esas manifestaciones de Carlos Rojas en el "descaro político" al que nos tiene acostumbrados esa formación.
En su opinión, el PP-A ha estado claramente pretendiendo "manipular la instrucción de los ERE e influir en la misma y ha sido capaz de anticipar de manera inexplicable la decisiones que iba a ir tomando la juez".
Para Jiménez, lo fundamental es que la instrucción se oriente a la persecución de aquellos que han podido cometer delitos y que se impida la prescripción de los mismo, algo que se que se podría producir por un alargamiento excesivo de la instrucción. A su entender, la instrucción puede "terminar en nada si no se reconduce razonablemente".
Ha lamentado que ante aquellas cuestiones que están claras, no se termina de producir la instrucción para que se pueda abrir juicio oral y se exijan las responsabilidades que corresponden, mientras que hay una orientación "casi exclusiva" de intentar, a cualquier precio, encontrar delitos en actuaciones administrativas, especialmente en el ámbito de las consejerías de Economía y de Hacienda, al tiempo que también se apunta hacia el Parlamento.
Jiménez ha insistido en que a los socialistas les preocupa que la instrucción pueda terminar de una manera que impida que quienes han cometido irregularidades cumplan con sus obligaciones ante la justicia y que los recursos públicos se puedan recuperar, como consecuencia de que la instrucción se "haya orientado mal", lo que incluso podría conducir a alguna circunstancia de nulidad o de prescripción de delitos.
