SEVILLA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este miércoles, con los votos en contra del PSOE-A y Ciudadanos (C's), la abstención del PP-A y el respaldo de IULV-CA, la toma en consideración de una proposición de ley del grupo de Podemos para la creación de una Oficina de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción de la comunidad autónoma de Andalucía, una propuesta que contaba con el criterio contrario del Gobierno andaluz.
La propuesta de la formación morada pedía la creación de referida oficina, que tendría un coste anual de 3,1 millones de euros y entraría en vigor el 1 de abril de 2017, contemplando sanciones de hasta 30.000 euros.
Sobre las funciones, buscaría prevenir la corrupción y hacer frente con esa prevención a posibles casos de esta naturaleza, identificando riesgos y conflictos de intereses que pudieran existir en la actuación de la administración pública y proponiendo prácticas de buen gobierno. Además, realizaría labores de investigación de posibles actuaciones ilícitas e irregulares, e investigaría la provisión de puestos que no hayan respetado los principios de igualdad, mérito y capacidad.
De la misma manera, evaluaría todas las actuaciones en materia anticorrupción que se hacen en Andalucía, así como garantizaría la protección a los denunciantes de casos de corrupción, por lo que aboga por establecer mecanismos seguros para garantizar su anonimato.
El ámbito de aplicación de la ley sería la Junta, los organismos adscritos, las administraciones locales y cualquier persona, jurídica o física, destinataria de fondos públicos; y también contaría con capacidad sancionadora para aquellas personas o entidades que nieguen la colaboración en investigaciones o dificulten la aplicación de recomendaciones de la oficina, que estaría compuesta por unos 60 funcionarios más el director.
Establecía distintos grados de sanción, desde la declaración del incumplimiento y su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la propuesta de cese en el cargo, la suspensión administrativa para ejercer cargos similares por un periodo de hasta tres años y multas de hasta 30.000 euros.
En representación de Podemos ha defendido la proposición de ley el diputado Juan Ignacio Moreno Yagüe, quien ha incidido en advertir del coste económico "muy caro" para la sociedad que genera la corrupción, que "nos destroza los presupuestos y los bolsillos", y en esa línea ha aseverado que "cada vez que hay un acto de corrupción hacemos que los contribuyentes estén pagando dinero para nada".
Ha citado además a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para subrayar que la creación de una oficina anticorrupción era un compromiso de su discurso de investidura que además "se ha repetido en diversas comparecencias", y con esta proposición "no hacemos más que cumplir los deseos de todos los grupos políticos" y "pasar de las palabras a los hechos".
"¿De verdad creen que vamos a parar la corrupción solo con palabras?", ha preguntado Moreno Yagüe, que ha defendido que la oficina que plantea Podemos sea "una institución dependiente del Parlamento" y así "absolutamente independiente de todos" los grupos, y ha apuntado que se antoja como "la mejor solución" para combatir la corrupción en un momento en el que "no tenemos dinero ni para arreglar los aires acondicionados de los juzgados" y, por tanto, para aumentar las partidas presupuestarias destinadas a la Administración de Justicia con ese fin.
PSOE-A: EL COMPROMISO DE DÍAZ LLEGARÁ PRONTO AL CONSEJO
El diputado del PSOE-A Jesús María Ruiz ha destacado la determinación del Gobierno andaluz "de forma clara, comprometida e inequívoca" contra la corrupción y ha recordado que la presidenta de la Junta ha anunciado que este año entrará en funcionamiento una oficina contra el fraude, una iniciativa que llegará "próximamente" al Consejo de Gobierno.
"Eso son hechos y no todos los gobiernos pueden decirlo", ha apuntado el socialista, quien ha considerado "legítimo" que Podemos presente esta iniciativa, pero que no va a contar con el apoyo de su formación porque lo que pretenden es "incriminar a todos y hacer demagogia". "Con nosotros no van a contar para eso", ha añadido.
Por parte del PP-A, José Antonio Miranda ha enfatizado que "el fraude fiscal es el caso de máxima insolidaridad social que puede darse" y es "condenable siempre", así como ha argumentado que en Andalucía "las prácticas corruptas se han ido extendiendo" hasta el punto de que "tenemos una década de gobierno socialista en los tribunales por esa forma suya de entender la paz social", ha apuntado en alusión al caso de los ERE, con "741 millones de euros regalados a sus amigos para mantenerse en el poder".
Miranda ha señalado que para luchar contra el fraude y la corrupción se requiere "una respuesta rápida", y la creación de la oficina que plantea Podemos supone "un largo proceso que nos llevaría probablemente al final de la legislatura" cuando "de forma inmediata" se podrían aprobar medidas como "crear un cuerpo de interventores de la Junta con conocimiento de control de gasto público" o "reforzar la Cámara de Cuentas". Además, ha señalado que al PP-A hay aspectos de la proposición de Podemos que "nos gustan, otros menos, y otros que no nos gustan nada", pero que se podrían mejorar durante su tramitación, ha apuntado.
Sergio Romero, por C's, ha dicho compartir el diagnóstico que de la corrupción hace Podemos si bien ha considerado que la norma que propone es "ineficaz" porque "carece de rigor jurídico al confundir competencias y mezclar procedimientos", al tiempo que ha agregado que ponerla en práctica es "extremadamente costosa" y, por lo tanto, "no persigue la eficiencia".
Asimismo, ha reprochado a la formación morada que "llega tarde" al proponer esta ley pues "si la corrupción representa el segundo problema de los españoles, tenían muchas razones para adherirse al acuerdo que hace 15 meses firmó C's con el PSOE-A", un acuerdo, como ha recordado, que "recogen un bloque con 22 medidas para luchar contra el fraude, la corrupción y que supone llevar a cabo la mayor regeneración democrática en Andalucía desde el 82". Romero ha afeado a Podemos que "su obsesión por dividir la sociedad en bandos le hace quedarse atrás" y le ha sugerido que "más que la cantidad deben preguntarse dónde está la utilidad" de sus propuestas.
El representante de IULV-CA en la Mesa del Parlamento, José Antonio Castro, ha considerado "contradictorio" que esta iniciativa se rechace cuando "todas las fuerzas políticas sentadas en esta Cámara lo tienen comprometido y creen necesario que la lucha contra el fraude cuente con instrumentos propios en la Comunidad".
Junto a ello, ha criticado que en el criterio contrario de la Junta a esta iniciativa se diga que no son precisos nuevos entes para la lucha contra la corrupción. "¿Entonces para qué la presidenta de la Junta se sube a esta tribuna y lo promete? ¿Cómo se puede decir una cosa y la contraria?", se ha preguntado Castro.
