SEVILLA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PSOE-A ha expresado este miércoles su preocupación por que la instrucción del caso de las irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE) de la juez Mercedes Alaya no esté respondiendo "al sentido común" y pueda suponer que quienes han cometido irregularidades no lo paguen o no se pueda recuperar el dinero público defraudado.
En declaraciones a los periodistas, el portavoz del PSOE-A en el Parlamento, Mario Jiménez, ha manifestado que, no obstante, su su formación siempre va a respetar las decisiones judiciales, tras ser preguntado sobre el hecho de que Alaya haya impuesto una fianza de responsabilidad civil de 29.568.129,20 euros a la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento Magdalena Álvarez, como una medida cautelar que "tiene una decidida finalidad, cual es la devolución en la medida de lo posible del dinero que de manera indiciariamente ilícita ha salido del erario de la Junta".
Para Jiménez, lo fundamental es que la instrucción se oriente a la persecución de aquellos que han podido cometer delitos y que se impida la prescripción de los mismo, algo que se que se podría producir por un alargamiento excesivo de la instrucción.
A su juicio, hay una orientación en la instrucción del caso ERE por parte de la juez que "no responde al sentido común".
Según ha explicado, parece que ante aquellas cuestiones que están claras, no se termina de producir la instrucción para que se pueda abrir juicio oral y se exijan las responsabilidades que corresponden, mientras que hay una orientación "casi exclusiva" de intentar, a cualquier precio, encontrar delitos en actuaciones administrativas, especialmente en el ámbito de las consejerías de Economía y de Hacienda, al tiempo que también se apunta hacia el Parlamento.
Para Mario Jiménez, lo fundamental es perseguir los delitos y está muy claro donde ha habido esas irregularidades.
Ha insistido en que a los socialistas les preocupa que la instrucción pueda terminar de una manera que impida que quienes han cometido irregularidades cumplan con sus obligaciones ante la justicia y que los recursos públicos se puedan recuperar, como consecuencia de que la instrucción se "haya orientado mal o se haya hecho de mala manera que incluso pueda conducir a alguna circunstancia de nulidad".
