SEVILLA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
El parlamentario autonómico de Adelante Andalucía Ismael Sánchez (IU) ha señalado este miércoles que el Plan Andalucía en Marcha "no es un plan extraordinario de reactivación económica ni para Andalucía, ni para Sevilla", y lo ha calificado como "maniobra de mercadeo".
"No representa la puesta en marcha de nuevos proyectos, sino que son deudas históricas con la provincia, compromisos de la Junta que el propio presidente, Juanma Moreno (PP), anunció iban a estar desarrollados en el primer año de legislatura y que, dos años después, solo son humo y que beneficiará a empresas privadas", asegura en un comunicado el parlamentario de izquierdas.
Así pues, este plan "tampoco representa un esfuerzo económico extra", ya que "estamos hablando de infraestructuras que estaba ya planificadas, algunas de ellas con proyectos en marcha para su licitación, y que ahora se agrupan, se les pone un lazo y se venden como si fuera un plan nuevo", añade.
Insiste en que el plan contempla "algo menos" de 3.500 millones de euros y el esfuerzo inversor de los presupuestos de la Junta de Andalucía en un solo año es de 7.000 millones de euros, con lo cual, este plan "se quedaría muy corto, teniendo en cuenta que es para tres años".
De igual modo, critica que "hablar de que Andalucía está en marcha porque se vayan a poner, precisamente en marcha las obras del hospital de Osuna, la Ciudad de la Justicia o centros educativos y venderlos como nuevos es un absoluto despropósito cuando no se incluye una financiación extraordinaria, proyectos y necesidades nuevas, así como proyectos que no tengan una huella en el empleo más allá de la construcción".
"No se puede hablar de un plan que es un auténtico ejercicio de marketing y de autobombo de la Junta de Andalucía, intentar hacer ver lo contrario es un insulto a la inteligencia de los sevillanos", apostilla.
Es más, agrega que muchas de estas infraestructuras van a estar ligadas a la financiación a través de la colaboración público-privada, un modelo a través del cual "la Junta cede el terreno a una entidad privada, le permite construir y después es la misma Junta la que tendrá que pagar durante 30 o 40 años un alquiler totalmente abusivo por el uso de esas instalaciones", por lo que, a su juicio, el coste resulta al final "más de tres veces superior" que habiéndolo construido directamente bien con fondos propios.
Concluye diciendo que este modelo de colaboración lo han seguido ya otras comunidades en las que el resultado final ha sido la privatización de estos servicios por llevar a cabo "un sistema de construcción de infraestructuras totalmente insostenible". "No queremos una Sevilla que hipoteque su futuro a este modelo", finaliza.
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