Serrano celebra que el juzgado avale el despido de Pereira como ocurrió con Ponce

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Gregorio Serrano, se ha mostrado "muy satisfecho" por que dos juzgados diferentes hayan "dado la razón" a la sociedad mixta Mercasevilla, declarando tanto la procedencia del despido de la antaño directora de proyectos de la fundación socioasistencial asociada a esta empresa participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense Regla Pereira, como del exdirector adjunto de la empresa Daniel Ponce.

En declaraciones a Europa Press, Serrano ha mostrado su "respeto" por las decisiones judiciales y se ha mostrado "muy satisfecho" con la decisión de sendos juzgados. "Anteriormente a los dos se les despidió con procedimientos inadecuados y ahora se han hecho las cosas correctamente, por lo que estamos muy satisfechos con la decisión judicial", sentencia.

Como se ha informado, los juzgados de lo Social han declarado ya la procedencia de los despidos consumados por la sociedad mixta Mercasevilla sobre Regla Pereira, antaño directora de proyectos de la fundación socioasistencial asociada a esta empresa participada mayoritariamente por el Ayuntamiento, y el exdirectivo de la empresa Daniel Ponce. En noviembre de 2011, como se recordará, el director general de Mercasevilla, Manuel Blanco, resolvió despedir a Regla Pereira y a Daniel Ponce por la presunta relación de ambos en el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado, en 2009, junto al exdirector general de la lonja Fernando Mellet.

Y es que la juez Mercedes Alaya, mediante un auto fechado el pasado 25 de octubre de 2011, había dictado previamente la apertura de juicio oral contra los cuatro acusados por el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado en 2009 por Ponce y Fernando Mellet como máximos directivos de Mercasevilla.

Los acusados, que se enfrentan precisamente estos días a un juicio oral mediante un jurado popular, son Ponce, Mellet, la funcionaria María Regla Pereira y el otrora delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas. Para ellos, la Fiscalía reclama una sanción de 900.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público, por un periodo de 21 meses, a cuenta de un presunto delito de cohecho.