CAMAS (SEVILLA), 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Delegación del Gobierno andaluz en Sevilla ha solicitado al Ayuntamiento de Camas la entrega por vía urgente del acta del pleno en el que se aprobó el cese de la concejal no adscrita Carmen Lobo, que en septiembre de 2005 denunció un presunto caso de soborno, así como la sentencia Tribunal Supremo que condena a Lobo a un año y tres meses de prisión como autora de un delito de falsedad en documento privado, argumento esgrimido por el Gobierno local para la medida.
Fuentes municipales informaron a Europa Press de que el lunes pasado, el alcalde de Camas, Agustín pavón, recibió un escrito suscrito por el delegado del Gobierno andaluz en Sevilla, Demetrio Pérez, solicitando por vía urgente el acta de la sesión plenaria celebrada el pasado 16 de marzo, cuando se aprobó el cese de Carmen Lobo como concejal a consecuencia de la citada sentencia del Tribunal Supremo (TS).
En el mismo escrito, como ya avanzó El Mundo en su edición local, Demetrio Pérez solicita la sentencia del TS y los fundamentos jurídicos en los que basa el acuerdo plenario, que gracias a los votos del Gobierno municipal inhabilitó a Carmen Lobo como concejal no adscrita. Las mismas fuentes indicaron que ya se ha entregado la documentación y advirtieron de que la Junta Electoral no ha emitido hasta el momento ningún pronunciamiento contrario al cese de Lobo.
El pasado 16 de marzo, el Ayuntamiento de Camas aprobó con los diez votos favorables del Equipo de gobierno y la oposición de PSOE y Nueva Izquierda el cese de Lobo atendiendo al contenido de la mencionada sentencia del TS, que condenó a esta edil no adscrita un año y tres meses de prisión como autora de un delito de falsedad en documento privado.
En septiembre de 2005, Carmen Lobo denunció ante la Policía Nacional un presunto caso de soborno por parte del empresario Eusebio Gaviño, lo que motivó la imputación de éste, del alcalde, de los concejales de Camas Antonio Enrique Fraile y José del Castillo y del concejal de Castilleja de Guzmán Aureliano Lucas. Los partidos políticos se desvincularon de cada uno de los imputados mientras el caso sigue instruyéndose en el Juzgado de Instrucción número dos de Sevilla.
