SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Jaime Raynaud, manifestó hoy que su grupo apoyará el sistema de cámaras de videovigilancia que pretende implantarse en algunas calles céntricas de la ciudad antes del verano para mejorar la seguridad, "siempre que se ajuste a la legalidad" y pidió que se evalúe la experiencia de otras ciudades en las que el proyecto es ya una realidad.
El líder del grupo municipal popular, que dio desconocer el proyecto, "salvo lo difundido por los medios de comunicación", comentó a Europa Press que "apoyaremos cualquier medida que se ajuste a la Ley y contribuya a reducir los índices de delincuencia y violencia" existentes en la capital hispalense.
Tras incidir en que "las actuaciones que sirvan para disuadir de que se cometan tropelías son interesantes", Raynaud subrayó que el Ayuntamiento "debe ser garante del cumplimiento de la legislación", por lo que "es el primero que no puede ir contra la Ley".
En cualquier caso, se mostró partidario de que, si así se solicita y si el proyecto sale adelante, debería implantarse también en otras zonas de Sevilla, "siempre que los comerciantes estén de acuerdo". "Hace falta diálogo y colaboración y el Ayuntamiento debe dar un paso adelante", sentenció.
Finalmente, concluyó mostrando su deseo de que el Consistorio hispalense "se ajuste a las normas porque, entre otras cosas, no tiene otra alternativa".
POSTURA DE LOS CONSUMIDORES Y VECINOS
Sobre el asunto también se pronunció hace días la presidenta en Sevilla de la Unión de Consumidores de España (UCE), Carmen Villar, quien manifestó si los comerciantes de algunas calles céntricas de la ciudad quieren que se instale la videovigilancia deberían ser los propios empresarios quienes se lo costearan.
Villar precisó no obstante que la UCE no ve "con buenos ojos" la medida porque "no sabemos cómo se haría sin vulnerar el derecho a la intimidad de las personas". Con todo, reconoció que "hay que parar la delincuencia, pero eso no es algo de hoy" y, en cualquier caso, subrayó que "ya se paga a la Policía Local con dinero público y ésta debe patrullar para prevenir la delincuencia, por lo que no veríamos bien que la videovigilancia se costeara con fondos públicos".
Para Carmen Villar, "hay otras medidas mejores" para combatir los robos en comercios, como que "si los comerciantes quieren vigilancia, que pongan cámaras dentro de sus locales, como hacen los bancos, y que la Policía Local patrulle más por estas zonas, quizá principalmente en el horario en que se registra una mayor afluencia de público".
La presidenta de UCE en Sevilla espera, con todo, que si el proyecto sale adelante, "se tenga en cuenta la opinión de los representantes de los usuarios" y que el sistema se active exclusivamente "fuera del horario comercial y que esté controlado dentro de los límites de la Ley y bajo supervisión del Cuerpo Nacional de Policía", concluyó.
Por su parte, el presidente de la asociación de vecinos del centro histórico de Sevilla, Alfredo Caballero, también dijo que el sistema tendrían que tendrían que sufragarlo los propios comerciantes que han demandado su puesta en marcha para frenar los robos en sus establecimientos.
Caballero comentó que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía --al que el Ayuntamiento piensa pedir la pertinente autorización-- "ya se ha decantado por hacerlo en otras ciudades pues, en principio, parece que no está fuera de lo contemplado en la Constitución".
En cualquier caso, pidió que si el sistema sale adelante se utilice exclusivamente "en caso de que se cometa un robo y que las cámaras estén custodiadas en todo caso por la Policía, nunca por los comerciantes".
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