SEVILLA, 25 May. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos representados en la mesa sectorial de Justicia, a excepción de SPJ-USO, exigieron hoy a la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía que explique "en qué manera y en qué cuantías" se verá afectada la Administración de Justicia tras el recorte en el gasto público y en los salarios anunciado por el Gobierno central, y señalaron que, hasta que esto no se produzca, no debatirán aspectos como el servicio común de ejecutorias o el plan de tardes.
En este sentido, distintas fuentes sindicales informaron a Europa Press de que, tras la petición realizada a este respecto por CCOO y CSIF, solicitud a la que se unieron UGT y STAJ, la mesa sectorial "se ha suspendido formalmente" tras una hora de duración sin que el director general de Oficina Judicial y Cooperación de la Consejería, Jorge Pérez de la Blanca, "haya dado una respuesta concreta" a la petición realizada.
De este modo, las fuentes consultadas insistieron en la "necesidad" de analizar el alcance que las medidas planteadas por el Ejecutivo central va a tener en aspectos como los salarios de los funcionarios judiciales, las infraestructuras o la Oferta de Empleo Público, aseverando que, mientras no se ofrezca una explicación al respecto, no se sentarán a la mesa sectorial a negociar aspectos tales como el plan de tardes o el servicio común proyectado en el edificio Noga de Sevilla para ejecutar las sentencias de los juzgados de lo Penal.
Al hilo de ello, las fuentes citaron las medidas de recorte anunciadas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para preguntar si, con este panorama, "se puede garantizar que la nueva Oficina Judicial se implantará con las debidas garantías para el justiciable y para quienes trabajan en ella", añadiendo que el servicio común de ejecutorias, "por mucho que desde la Administración se intente maquillar como una experiencia piloto, es nueva Oficina Judicial".
Recientemente, el consejero del ramo, Luis Pizarro, ya confió en cerrar "cuanto antes" el acuerdo con los representantes sindicales al objeto de que se pueda poner en marcha el servicio común proyectado en el edificio Noga de Sevilla, aseverando que este servicio no ha iniciado a día de hoy su andadura debido a que, cuando el acuerdo estaba "prácticamente cerrado", surgió "un problema que ha paralizado su puesta en marcha".
En este sentido, Pizarro aprovechó entonces para pedir la "implicación, complicidad y colaboración" de todos los operadores judiciales, desde los jueces hasta los funcionarios pasando por los fiscales, abogados y secretarios judiciales, pues "necesitamos de todos ellos" para desarrollar iniciativas como la referida del servicio de ejecutorias.
