La subdelegada del Gobierno y el alcalde de Estepa llaman a la calma a los vecinos tras los últimos incidentes

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Sevilla, Felisa Panadero, ha expresado este martes su deseo de que se apacigüen los ánimos entre la población de la localidad sevillana de Estepa, después de los incidentes ocurridos el pasado fin de semana, cuando un grupo de entre 300 y 400 vecinos asaltaron siete viviendas de un clan al que acusan de numerosos robos, en los que por "fortuna" no se registraron daños personales.

En la misma línea se ha manifestado el alcalde de la localidad, Miguel Fernández (PA), que junto a la propia subdelegada del Gobierno y los mandos de la Guardia Civil de la provincia y de la Policía Local de Estepa han celebrado una reunión en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla.

En el transcurso de la misma, se ha destacado la necesidad de que se preserven el orden, la seguridad ciudadana y la convivencia de todos, como ha declarado la subdelegada del Gobierno, que incide en que hechos como estos "no pueden volver a ocurrir", de los que son responsables una "minoría" en una población "mayoritariamente" pacífica, "como corresponde a una sociedad libre y democrática como la nuestra".

LA GUARDIA CIVIL MANTENDRÁ EL OPERATIVO DE SEGURIDAD

Es intención, por parte de la subdelegada del Gobierno y el alcalde de Estepa, potenciar las reuniones de asociaciones vecinales de la localidad para que los estepeños expongan sus problemas a la Guardia Civil y Policía Local y valoren la necesidad de realizar las oportunas denuncias ante la autoridad competente, siempre que tengan conocimiento de un supuesto hecho delictivo, así como facilitar toda la información disponible a las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y la Policía Local.

La Guardia Civil mantendrá el actual operativo de seguridad en las próximas fechas, y la subdelegada del Gobierno recuerda, además, la necesidad que tiene cualquier colectivo de comunicar la celebración de concentraciones o manifestaciones con diez días de antelación para que las fuerzas de seguridad puedan garantizar debidamente el normal desarrollo de las mismas.