SEVILLA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -
Después de que el pleno de la Diputación de Sevilla, gobernada por el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, haya aprobado este jueves la anualidad de 2023 del Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad, que contiene actuaciones cuya aplicación suma 101,03 millones de euros; 38,7 de ellos aportados por la propia entidad provincial, 54,9 por la Junta de Andalucía, 1,2 por el Estado y 6,1 por los municipios; el Gobierno provincial del PSOE ha defendido las medidas de dicho programa.
Tras la celebración del pleno, el presidente de la Diputación, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, ha defendido en un comunicado que el citado plan está destinado a "consolidar servicios y programas que han resultado eficaces en la atención a la población y para fomentar la cohesión social en el territorio incluido en su ámbito de aplicación".
El plan, según precisa, contempla un total de 15 millones de euros para el Programa de Prevención de la Exclusión Social, materializado en contrataciones temporales de personas desfavorecidas a través de los ayuntamientos, con 5.687 contratos en 2021; así como cinco millones para el Programa de Ayudas de Emergencia Social.
Además, incluye subvenciones en concurrencia competitiva, destinadas a entidades sin ánimo de lucro para proyectos de atención social a colectivos vulnerables, toda vez que "una de las incorporaciones de mayor relevancia se centra en las subvenciones a los ayuntamientos con destino al Programa Extraordinario de Gestión Municipal de Emergencia Social, para atender situaciones de emergencia social".
"Con estas ayudas se sigue dando cobertura a situaciones de urgencia por la crisis socioeconómica actual, con una dotación extraordinaria en el presupuesto de la Diputación para 2023", ha dicho Rocío Sutil, diputada de Cohesión.
Igualmente, contempla la configuración de cuatro oficinas territoriales de Bienestar Social, conformadas por varias Zonas Básicas de Servicios Sociales, adaptándose así a las nuevas Áreas de Servicios Sociales y posibilitando una mayor cercanía a las realidades y necesidades sociales de los distintos ayuntamientos y al desarrollo de las competencias de la Diputación en materia de Servicios Sociales desde una perspectiva descentralizadora.
