Las demandantes renuncian a su petición de comparecencia de Sánchez Gordillo para evitar que el juicio se suspendiese
SEVILLA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla ha acogido este jueves un juicio destinado a resolver la demanda interpuesta por un grupo de trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Marinaleda, gobernado ininterrumpidamente desde 1979 por el veterano líder jornalero Juan Manuel Sánchez Gordillo (Colectivo Unidad de los Trabajadores, CUT), contra dicha administración local, por la "modificación sustancial" de sus condiciones laborales.
El secretario general de CGT en Andalucía, Miguel Montenegro, ha explicado a Europa Press a los pies del edificio de los juzgados, donde el sindicato ha celebrado una concentración, que su organización cuenta entre sus afiliadas con siete de las once trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de Marinaleda.
Según ha narrado, tras ser conformada la sección de CGT en dicho servicio municipal, el Ayuntamiento impuso supuestamente a las trabajadoras una ampliación de jornada laboral con 37,5 horas semanales frente a las 35 anteriores y turnos que impiden la conciliación familiar al implicar hasta "cuatro horas de diferencia" entre un servicio y el siguiente.
COMO "REPRESALIA"
Tal extremo, a su entender, como "represalia" por "organizarse" las empleadas en una sección sindical y reclamar sus "derechos laborales básicos", como por ejemplo el del disfrute de vacaciones.
Así, la demanda está destinada a que el Ayuntamiento "devuelva" a la plantilla la anterior jornada laboral de 35 horas semanales, así como otras condiciones laborales, toda vez que aunque las demandantes habían solicitado en principio que compareciese Sánchez Gordillo, tras alegar el Ayuntamiento que tal extremo no era posible en estos momentos, las mismas han renunciado a dicha petición para evitar una suspensión del juicio.
Sí habrían testificado en la vista oral el primer teniente de alcalde de Marinaleda, Sergio Gómez, así como una trabajadora social y una propia empleada del servicio de ayuda a domicilio, quedando el juicio "visto para sentencia", tan sólo a la espera de que las partes entreguen sus conclusiones.
