ZARAGOZA, 26 May. (EUROPA PRESS) -
El diputado del grupo parlamentario del Partido Popular (PP) en las Cortes de Aragón, Pedro Navarro, criticó hoy que de los 500 trámites que un ciudadano puede hacer presencialmente en la Administración de la Comunidad autónoma, sólo 17 se pueden realizar también a través de la página web del Ejecutivo aragonés.
Por eso, pidió al Gobierno de Aragón que cumpla la ley de Administración electrónica, que debería estar completamente implantada desde el pasado 31 de diciembre de 2009, ya que la oferta actual a través de Internet es "algo anecdótico, que debe ser mejorado de inmediato".
Navarro anunció, en el transcurso de una rueda de prensa, la presentación de una proposición no de ley ante la Comisión de Ciencia, Tecnología y Universidad del Parlamento aragonés que reclama el cumplimiento de la ley de administración electrónica en Aragón y que se adapte la página web del Gobierno autonómico "a las nuevas circunstancias" porque "tenemos el peor portal de todas las Comunidades autónomas y eso en pleno siglo XXI debe ser corregido".
El diputado opinó que la web del Gobierno de Aragón "continua instalada en los años 90", es "arcaica" y "no sirve para nada", impidiendo a los ciudadanos "ejercer sus derechos" de acceso a la Administración electrónica.
Navarro comentó que frente a esta situación hay otros ámbitos institucionales y sociales*más adelantados, ya que "se pueden pagar tasas e impuestos" desde la web del Ayuntamiento de Zaragoza; multas en la de la Dirección General de Tráfico; o hacer la compra y transferencias bancarias por Internet.
El parlamentario recalcó que la ley de administración electrónica "es de obligado cumplimiento" y su implantación permitirá "mejorar las relaciones entre administración y administrado" de forma más "eficiente, rápida y barata", ahorrar gatos y que los funcionarios puedan realizar otro tipo de trabajos, además de atender a los ciudadanos.
El diputado subrayó que es preciso asegurar el derecho de los aragoneses a una administración en línea y recordó que el Gobierno ha dispuesto de cerca de tres años para adaptarse a la ley, desde 2007. Finalmente, recalcó las ventajas de la implantación de la ley porque contribuirá a "optimizar" los recursos humanos y económicos de la Comunidad autónoma, en un momento de "ajuste presupuestario", y "ahorra tiempo, dinero y molestias a ciudadanos y empresas", así como dar una imagen "más moderna de la Comunidad autónoma".
