ZARAGOZA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Alianza Energía y Territorio "Aliente", que agrupa a distintas plataformas en favor de una transición energética justa, ha alertado de que el Boletín Oficial de España (BOE) permite la ejecución de proyectos de energías renovables sin declaración de impacto ambiental y con "vía exprés" de expropiación. Sería para proyectos eólicos con una potencia instalada igual o inferior a 75 megavatios (MW) y de energía solar con una potencia instalada igual o inferior a 150 MW.
En concreto han indicado que en el BOE se publica el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania y que se recogen en el capitulo III de "Medidas de agilización de los procedimientos relativos a proyectos de energías renovables" y que tras estudiar su contenido lo han calificado de "aberrante" en una nota de prensa.
Desde la Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica -- integrada en la agrupación de plataformas aragonesas en defensa del territorio y el paisaje Aliente--, han advertido de que las empresas "al no estar obligadas a pasar el trámite de evaluación de impacto ambiental se les permite presentar una simple solicitud de determinación de afección ambiental, menos exigente y mucho más permisiva de cara a las afecciones ambientales y a la salud humana".
El Real Decreto, además, "exime a grandes empresas de renovables del cumplimiento de convenios internacionales, Directivas Europeas y legislaciones existentes" y solicitan al Gobierno que apueste "por un nuevo modelo energético que priorice a las personas por delante de las grandes empresas y fondos de inversión", han lamentado.
RED NATURA 2000
Para estas plataformas, las medidas del Real Decreto suponen "un incumplimiento muy grave de la normativa sobre la protección del medio ambiente y la biodiversidad, incluidas directivas europeas que España tiene la obligación de cumplir como la Directiva Hábitat y la Directiva Aves".
Las plataformas han recordado que la justicia europea y la jurisprudencia española ya ha avalado en numerosas ocasiones que, aunque este tipo de instalaciones industriales se ubiquen fuera del territorio incluido en la Red Natura 2000, "provocan una afección" a las especies que protegidas. "Se considera que también afecta a la propia Red Natura 2000, esta circunstancia se ha detectado a través del procedimiento que ahora el Gobierno de España quiere eliminar, la Evaluación Ambiental, creándose así una vulneración del derecho europeo", han observado.
Este modelo de implantación de renovables con macroproyectos revela, a tenor del Real Decreto-Ley, que "se está intentando esquivar el derecho europeo para favorecer la burbuja que determinadas empresas y fondos de inversión internacionales están llevando a cabo con las energías renovables en España, y particularmente en Aragón, evitando a su vez la participación del territorio y de su ciudadanía".
Según las plataformas, se "suprime" el derecho que todo ciudadano tiene a la participación mediante el procedimiento de información pública en aquellos proyectos que puedan afectar al medio ambiente, derecho recogido en el convenio de Aarthus y en la Directiva europea 2003/35.
"Con este Real Decreto nadie podrá denunciar en la vía administrativa a estas empresas especialistas en fraccionar proyectos con el objetivo de evitar trámites ambientales", han avisado.
A colación, han sentenciado: "va a provocar un aumento considerable de la judicialización de muchos de estos macroproyectos al impedir la participación de la población por la vía administrativa, con la consiguiente ralentización de la necesaria transición ecológica y justa y la grave crispación social que todo ello puede provocar".
VÍA LIBRE PARA LAS EXPROPIACIONES
El Real Decreto reduce los plazos de exposición pública, dejándolo en quince días, lo cual, han indicado, "imposibilita la correcta información y análisis de estos proyectos por parte de las partes afectadas y de la ciudadanía".
Esta simplificación de procedimientos no se aplica al resto de actividades que sí deben cumplir con la ley ambiental 21/2013, tal y como explican desde la agrupación desde donde aseguran que causa "discriminación" y atenta "contra otras legislaciones y normativas existentes, tanto europeas como nacionales y autonómicas", han descrito.
Las plataformas han criticado la medida con la que se permitirá a las empresas solicitar la declaración de utilidad pública en el mismo momento de la solicitud administrativa del proyecto. Esto supone, según han deducido, "vía libre para las expropiaciones a particulares y para la ubicación de estas macro-centrales de energía y de todas sus infraestructuras necesarias, incluidas las dañinas líneas eléctricas de alta tensión".
Con todos estos argumentos, las plataformas integradas en Aliente en Aragón han solicitado al Gobierno central que retire estos artículos del Real Decreto-Ley y que los proyectos cumplan "con la misma legislación que es obligada para el resto de actividades económicas".
Además, han exigido que desde el Gobierno de España se apueste "por un nuevo modelo energético que priorice a las personas por delante de las grandes empresas y fondos de inversión que han visto en las renovables un nicho de mercado especulativo y a los que ni les importa la biodiversidad ni sus gentes ni la economía local de todos estos territorios".
Aliente --ha agregado-- lleva tiempo advirtiendo que los proyectos eólicos con aerogeneradores de más de 200 metros de altura y los proyectos de placas fotovoltaicas de centenares de hectáreas, sus infraestructuras de evacuación, sus kilómetros de nuevos caminos, zanjas eléctricas, torres y tendidos de alta tensión causan graves afecciones ambientales, sociales y económicas en el territorio.
'WARWASHING'
AL hilo del debate sobre dicho real decreto se ha informado de la campaña de 'Warwashing' que se está observando en estos días y que supone "aprovechar" la guerra en Ucrania para "blanquear" un modelo energético "invasivo y extractivo", cuya única verdadera finalidad es la de "llenar las arcas de las macroempresas energéticas, las cuentas corrientes de sus directivos y los resultados de beneficios de sus accionistas".
Para abordar estos asuntos la Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica celebrará una asamblea el viernes 6 de mayo a las 18.00 horas en Puente de Montañana (Huesca) y los integrantes de la plataforma del Pallars se reunirán en Tremp (Lérida), el próximo 26 de abril a las 17.30 horas para ultimar detalles de las charlas informativas que están preparando.
Aliente es un colectivo estatal que nace con el apoyo inicial de decenas de organizaciones y cientos de personas a título individual y de carácter voluntario, unidas para proponer una transición energética justa, basada en la generación renovable distribuida, el ahorro energético y el autoconsumo, una transición que ponga la defensa del territorio y su biodiversidad en el centro.
