Arrenta supera los 1.000 convenios arbitrales firmados en Aragón en el primer semestre, un 32,73% más que en 2008

ZARAGOZA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.091 convenios arbitrales se firmaron en Aragón en el primer semestre del año, lo que supone más un 32,73 por ciento más que los firmados en el mismo período de 2008 (822), según informó la Asociación para el Fomento del Alquiler y Acceso a la Vivienda (Arrenta).

Por provincias, Huesca encabeza el ranking con 501 contratos, lo que supone el 45,92 por ciento del total de la región, seguido de Teruel con 358, el 32,81 por ciento, y cierra la lista Zaragoza con 232, un 21,26 por ciento.

Según la asociación, estos datos confirman que el alquiler "necesitaba una herramienta de gestión que garantizara los arrendamientos", para lo que su aportación "está demostrando ser una pieza básica".

Por ello, Arrenta indicó que, "como refuerzo a las medidas que ya ha desarrollado", pone en marcha nuevos productos como un programa especial por comunidades y otro de habitaciones que "den una salida a través del alquiler a las viviendas vacías en España".

150.000 ACUERDOS COMO OBJETIVO

Del mismo modo, desde la asociación se apuntó que el objetivo "hasta final de año" es el de llegar a los 150.000 contratos de alquiler "a nivel nacional". Actualmente, cuenta con 67.500, de los cuales 17.978 han sido suscritos en Madrid, mientras que en Andalucía se firmaron sólo 795 menos.

Entre los clientes de alquiler, según Arrenta, la mayoría son las familias monoparentales, que alcanzan el 28 por ciento, seguidas de cerca por los españoles menores de 35 años, con el 26, y los inmigrantes, que llegan al 23. Por su parte, la tercera edad representa un ocho por ciento del total, mientras que otros colectivos cubren el quince restante.

Por último, desde la asociación se defendió la necesidad de "agilizar los casos de desahucios", así como de "modificar aqspectos caducos de la Ley de Arrendamientos Urbanos" para impulsar de manera definitiva el alquiler en España. En este sentido, se reclamó "que el árbitro pueda pedir al juzgado medidas cautelares como una fecha de aplazamiento", lo que, a juicio de este colectivo, rebajaría los plazos "de once a dos meses".