CHA pide en el Senado que Ejea, La Almunia, Tarazona sigan instruyendo casos de violencia machista en sus localidades

ZARAGOZA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

CHA va a presentar sendas iniciativas parlamentarias en la Cámara Alta, a través del senador de Compromís, Carles Mulet, en las que reclamará al Gobierno de España, y en concreto al Ministerio de Justicia, que no atienda las peticiones de recorte de servicio de juzgados en distintas localidades aragonesas.

En este sentido, la responsable de la Secretaría de Feminismos de CHA, Isabel Giménez Uliaque, ha considerado que "de atenderse la petición formulada por el Consejo General del Poder Judicial, Ejea de los Caballeros, La Almunia de Doña Godina, Tarazona así como las localidades más próximas , estarían perdiendo un servicio público esencial".

"Si hablamos de reequilibrio territorial, de mantener un sistema de atención aragonés más cercano a la ciudadanía y de disponer de todos los recursos necesarios ante cualquier denuncia planteada con motivo de un caso de violencia machista, es necesario que el Gobierno de España tome las medidas adecuadas en esa dirección. De no atenderse las reivindicaciones aragonesas estaremos perdiendo, una vez más, un servicio público en estas localidades, con todo lo que supone de retroceso en las políticas de reequilibrio territorial", ha afirmado Giménez Uliaque.

De igual modo, Chunta ha manifestado que los criterios de especialización no deben primar sobre el principio de inmediación, de aproximación y de acceso a la justicia de la ciudadanía.

Por todos estos motivos, la formación ha dicho que la propuesta de centralizar la competencia judicial supondría un perjuicio añadido a la mujer víctima de un delito de violencia machista.

Por último, ha indicado que las preguntas a presentar en el Senado, a iniciativa de CHA, serán: "¿Tiene previsto el Gobierno de España suprimir los juzgados de violencia de género en las localidades aragonesas de Ejea de los Caballeros, La Almunia de Doña Godina y Tarazona?, en su caso, ¿por qué motivo?, ¿no considera el Gobierno que, de recortarse este servicio público, se producirá un deterioro en la atención a las personas denunciantes, así como un retroceso en las políticas tendentes al reequilibrio territorial que deberían impulsarse como un objetivo prioritario de todas las administraciones públicas?".