MUEL (ZARAGOZA), 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
Representantes de los Ligallos y consejeros comarcales de CHA (agrupaciones de CHA) en las comarcas de Aragón han mantenido una jornada de trabajo en Muel (Zaragoza) en la que han reclamado mayor coordinación entre las instituciones y una revisión del modelo de gestión de las comarcas.
El vicesecretario General de CHA, Gregorio Briz, destacó que es imprescindible que exista coordinación entre las instituciones. "No puede ser que haya servicios que no se presten y otros que estén por duplicado" ha asegurado.
A su parecer, "hay que lograr una coordinación entre las inversiones y competencias de las instituciones para garantizar el mejor aprovechamiento de los recursos y garantizar que las inversiones lleguen a todos los municipios".
Para Gregorio Briz "los municipios y comarcas se ven obligados a asumir unos servicios que no les son propios y para los que no cuentan con financiación". Ante esta situación, "desde CHA reclamamos una revisión de la Ley Régimen Local o un nuevo proyecto, que ha sido retirado en las Cortes del Estado, que regule las competencias locales".
Los representantes de CHA en las comarcas destacaron la necesidad de mejorar la gestión de las comarcas pues consideran que, en muchos casos, "se han convertido en meros instrumentos para desarrollar el clientelismo político o se han convertido en pequeñas diputaciones provinciales", y no en un instrumento para garantizar determinados servicios a los ciudadanos.
Desde CHA se recuerda que "la apuesta por el modelo comarcalizador de CHA pasa por lograr una gestión mejor y más directa para los ciudadanos".
UNA FINANCIACIÓN ADECUADA
Los pequeños y medianos municipios llevan años soportando la falta de financiación, mientras en las grandes ciudades se llegan a invertir hasta 584 euros por habitante al año, en los pequeños municipios la inversión es de 150 euros, sostienen desde CHA.
El vicesecretario General de CHA ha reclamado una reforma urgente de la financiación de las haciendas locales que permita una mayor participación en los tributos del Estado con la que se garantice un mínimo de 365 euros por habitante al año.
"El medio rural necesita un modelo de financiación que sea duradero y justo que haga posible que los ayuntamientos puedan hacer frente a los servicios básicos sin que eso suponga un esfuerzo notable para las arcas municipales", ha concluido.
