ZARAGOZA, 11 May. (EUROPA PRESS) -
Ciudadanos (Cs) Aragón ha propuesto suministrar equipos de protección individual (EPI) a las empresas y autorizarles a realizar PCR y test de detección de la COVID-19. Es una de las ideas que recoge el documento 'Propuestas para un plan de reconstrucción sanitaria, económica y social de Aragón', que el portavoz parlamentario, Daniel Pérez Calvo, ha entregado este lunes al presidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán, en la entrevista que han mantenido en el Edificio Pignatelli.
El catálogo de medidas del documento incluye garantizar el suministro de materiales de barrera, principalmente EPI, en todos los centros sanitarios, así como mascarillas para toda la población "con el fin de acometer con plena seguridad las distintas fases de la desescalada".
También, prever --ante posibles rebrotes del virus-- "un hospital limpio donde atender las necesidades sanitarias de enfermos no afectados por la COVID-19" y realizar test semanales en las residencias de personas mayores.
SALVAR EMPLEOS
En materia de economía, Cs plantea en sus 'Propuestas' la conveniencia de inyectar y facilitar liquidez al tejido productivo; que la sociedad pública autonómica de garantía recíproca Avalia otorgue avales y reavales por un importe inicial de hasta 300 millones de euros, en total, destinados a autónomos y pymes.
Otras medidas son potenciar líneas de financiación a través de las sociedades públicas Sodiar y Suma Teruel; arbitrar líneas de colaboración con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para atender, financieramente, proyectos de inversión de pymes y autónomos; y ampliar los plazos de presentación y pago de los impuestos cedidos a la Comunidad Autónoma hasta el próximo 1 de octubre, "con la posibilidad de revisar aplazamientos y fraccionamientos, atendiendo las circunstancias en cada momento de los solicitantes".
También, reformular el presupuesto autonómico, para que, una vez se cubran las necesidades de gastos impuestas por la gestión de la crisis sanitaria y asistencial del COVID-19, se destinen partidas a la protección del interés general y el funcionamiento básico de los servicios.
Del mismo modo, el resto de la capacidad presupuestaria debería
circunscribirse a medidas para sostener el tejido productivo y el empleo, han considerado. Cs ha pedido establecer un 'Mapa de la vulnerabilidad de Aragón', para atender de manera prioritaria a los sectores, ramas de actividad y zonas geográficas con necesidades más apremiantes.
Asimismo, han recomendado la activación de una ventanilla única de asesoramiento y asistencia, con el fin de facilitar a los pymes y autónomos la prestación de servicios, información, tramitación de documentación, formación y apoyo a la financiación empresarial; y la elaboración de planes específicos para el relanzamiento del turismo, la hostelería, la industria y la agricultura, consensuados con los agentes sociales y los colectivos directamente afectados por la crisis.
Cs ha planteado agilizar al máximo los proyectos en marcha que supongan inversión en infraestructuras y creación de empleo. Se incluyen los relacionados con las energías renovables; simplificar la carga burocrática, mediante reformas legales urgentes para acelerar
todas las tramitaciones administrativas; y desbloquear expedientes sin resolver y potenciación de la declaración responsable para poner en marcha proyectos a la mayor brevedad posible.
Para Cs es necesario facilitar igualmente toda la actividad que guarde relación con las exportaciones, en colaboración con Arex, CEOE, Cámaras de Comercio y Empresa Familiar.
SALVAR FAMILIAS
Entre las medidas de acción social para "salvar familias", Ciudadanos en Aragón propone crear "sensores permanentes" que posibiliten detectar situaciones de vulnerabilidad económica en las familias, mediante el contacto permanente con el Banco de Alimentos, Cáritas y otras ONG, así como poner en marcha una línea de contacto especial de asesoramiento y control abierta a familias vulnerables.
El partido naranja ha abogado, también, por potenciar los centros especiales de empleo, como mecanismo de acceso a la inclusión social; mantener los fondos destinados a las políticas activas de empleo en el sector de la formación; y ampliar de los 6 a los 12 años la edad de atención en centros educativos a los niños cuyos padres trabajarán en la Fase III.
