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TERUEL, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno aragonés pretende impulsar en la ciudad de Teruel la puesta en marcha de un servicio de información y mediación para personas en riesgo de desahucio. Esta acción se enmarca en el Plan de Gestión Social de la Vivienda, que el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes está promoviendo con la colaboración con el Ayuntamiento de Teruel y de la Diputación Provincial de Teruel (DPT).
Esta iniciativa pretende priorizar las actuaciones y atender las necesidades de los colectivos con mayores dificultades o que necesitan servicios especializados. El director general de Vivienda y Rehabilitación, Rogelio Silva, se ha reunido este martes con el alcalde de Teruel, Manuel Blasco, y con el vicepresidente de la DPT, Francisco Abril, en el consistorio turolense.
Rogelio Silva ha indicado que "nuestro objetivo es evitar todos los desahucios que podamos y, cuando ésto no sea posible, atender jurídicamente a las personas afectadas y conseguirles una vivienda" y ha destacado que "es una problemática social muy importante con la que estamos realmente concienciados y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para paliarla".
La finalidad es extender a todo el territorio aragonés la oficina puesta en marcha recientemente en la capital aragonesa, tras la firma del convenio con la sociedad municipal Zaragoza Vivienda.
Asimismo, Silva ha señalado que "para las personas inmersas en un proceso de desahucio resulta vital, en primer lugar, tener un lugar al que acudir para recibir asesoramiento, y una vez allí, se trata de dar solución al mayor número de casos posible".
COLEGIO DE ABOGADOS
Además de la coordinación con el consistorio y la institución provincial, tal como se ha hecho en Zaragoza, se contará con la participación directa del Colegio de Abogados de Teruel, cuyo decano Manuel Gómez, también se ha reunido con el director general de Vivienda. Con ello, se pretende concretar la colaboración con las comarcas de la provincia que son las que coordinan los servicios de los ayuntamientos, y pueden ser de gran ayuda.
Esta medida constará de tres fases, una primera de orientación en la que se establecerán planes de viabilidad para procurar evitar el desahucio; otra de mediación con las entidades financieras, de la que se encargará el Colegio de Abogados; y por último se trabará para dotar de una vivienda a los afectados que se hayan quedado sin ella.
Para esto último, el Ejecutivo autonómico está tratando de ampliar su parque de viviendas públicas, que actualmente es de 420 inmuebles en toda la Comunidad. Para ello, se plantea la colaboración de las entidades locales, que pueden sumar viviendas de su propiedad.
En ese sentido, tanto el alcalde de Teruel, como el vicepresidente de la DPT han mostrado su disposición para ceder, con este fin, varias viviendas de propiedad pública que actualmente están desocupadas.
En esta misma línea, el Ejecutivo autonómico suscribió hace unos días un acuerdo con trece entidades de atención social aragonesas, con el fin de promover la gestión social de la vivienda para los colectivos más necesitados.
Rogelio Silva ha apuntado que "acordamos la firma con estas asociaciones, aunque el acuerdo sigue abierto a la incorporación de otras que estén interesadas, para gestionar viviendas que el Gobierno de Aragón tiene y otras que podamos obtener de ayuntamientos o bancos, mediante una gestión coordinada".
El acuerdo, que ha quedado encaminado en esta primera reunión, deberá precisarse en los próximos meses y se espera que el nuevo servicio comience a prestarse en Teruel antes de final de año, según han indicado todas las partes.
