ZARAGOZA, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -
El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Zaragoza defenderá este jueves una moción de urgencia para que el Gobierno central establezca en un periodo mínimo de diez años el plazo de devolución de los créditos a proveedores y a un interés similar al interbancario, que actualmente se sitúa en el l,6 por ciento anual.
La moción recoge también que el Gobierno central modifique el Real Decreto 4/2012 para que se incluya entre los deudores de la administración municipal a las entidades sociales sin ánimo de lucro que hayan recibido subvenciones o convenios de colaboración y que estén pendientes de cobro.
El concejal del grupo municipal de IU, Pablo Muñoz, ha justificado esta extensión a las entidades sociales al criticar que en el Real Decreto solo se incluye el pago a quienes tiene suscrito un contrato con el Ayuntamiento, lo que además excluye a las contratas de servicios públicos como la limpieza, agua, o servicio de transporte.
El Real Decreto "esconde trampas saduceas" ha sentenciado Pablo Muñoz al detectar que la aplicación de estas líneas de crédito "tendrá un efecto limitadísimo".
En rueda de prensa, ha asegurado que el Real Decreto "excluye a los más débiles y pone unas condiciones leoninas al plan de ajuste porque se recortan los servicios sociales y suben los impuestos con un control del Estado sobre las finanzas municipales".
Así, ha relatado que, según el Real Decreto, para acceder a estas líneas de crédito el interventor municipal "tendrá que hacer un plan de ajuste que limitará los ingresos y el gasto público para luego recortar los servicios drásticamente, al tiempo que dice que ha las tasas se tienen que aumentar hasta el total del coste del servicio".
Por ello, ha exigido que se elimine la exigencia de realizar el Plan de ajuste porque "pondrá en riesgo la prestación de servicios básicos que hasta ahora realizan los ayuntamientos".
En otra moción se reclamará que no se aplique las "medidas derivadas de la reforma laboral en los empleados laborales del Ayuntamiento de Zaragoza", además de subrayar la "defensa de los sindicato y su papel en la sociedad".
"BOTELLÓN"
Derogar la ordenanza de protección del espacio urbano es la petición que expondrá IU en otra moción al apreciar que después de 3 años "el éxito ha sido nulo y nunca fue dirigida a acabar con el consumo de alcohol, sino sacar el botellón fuera de las zona del centro de la ciudad para llevarlo a otros barrios".
Así, se ha pronunciado el portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Zaragoza, José Manuel Alonso, para sentenciar que "ha fracasado porque sólo ha movido el botellón de sitio" y se ha decantado por "eliminar el carácter represivo" de la ordenanza.
Además, ha augurado que del debate de esta moción se "deducirán muchas cosas" y ha vaticinado que "si el PSOE no la apoya no mejorarán las relaciones con IU".
TRANSGÉNICOS
Otra de las mociones que defenderá IU y en este caso conjuntamente con el grupo de CHA propone crear "espacio para el análisis y debate" sobre los alimentos transgénicos y se reclama que el término municipal de Zaragoza se declare "territorio libre de transgénicos".
La moción también pide al Gobierno de Aragón que elabore una normativa que "impida la siembra, producción, contaminación, transformación y comercialización de productos agrícolas modificados genéticamente".
La creación de una ruta senderista y cicloturista por la zona perimetral del Campo de San Gregorio para potenciar su valor patrimonial, natural y cultural se expone en otra moción que recoge una petición de la Plataforma por el uso público de los Escarpes del Ebro y El Castellar.
Además, se incluye trasladar al Ministerio de Defensa que proceda a la desafección de las zonas requeridas para llevar a cabo este proyecto.
La última moción pedirá el apoyo a "todas las movilizaciones estudiantiles y los movimiento sindicales estudiantiles que demandan mejoras en la calidad de la educación".
Esta moción recoge la "reprobación de la acción policial" en la manifestación de la pasada semana en Valencia, y exige la depuración de responsabilidades en las fuerzas de seguridad y la dimisión de la delegada del Gobierno en Valencia, Paula Sánchez de León.
