El informe de 2014, presentado hoy en las Cortes, contabiliza 2.501 quejas ciudadanas y 452 resoluciones de Fernando García Vicente
El Justicia, tras 15 años, recuerda que el cargo no es vitalicio y que "la interinidad no es buena" para las instituciones
ZARAGOZA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha pedido este miércoles "más transparencia" a las instituciones. Ha presentado al Pleno de las Cortes autonómicas el informe de la institución correspondiente a 2014, comunicado al Gobierno el pasado mes de febrero, que contabiliza 2.501 quejas, un dos por ciento menos que el año anterior, y 452 resoluciones, casi un tres por ciento más.
A fecha de hoy, 4 de noviembre de 2015, de las 2.501 quejas recibidas se han solucionado 1.999, el 80 por ciento del total, y hay otras 65 en tramitación, un tres por ciento, mientras que 149 han sido archivadas (seis por ciento).
Del total de quejas tramitadas en 2014, 1.130 correspondían al ámbito de competencias de la Comunidad autónoma, 735 a las Administraciones locales y 54 a la Administración General del Estado, y el resto fueron rechazadas, remitidas a otros defensores del pueblo, a colegios profesionales y a empresas privadas que gestionan servicios públicos.
El Justicia tramitó en 2014 un total de 422 sugerencias a las Administraciones Públicas, un número similar al de 2013, y se ha aceptado el 62 por ciento, siendo rechazado el 22 por ciento. El 16 por ciento están pendientes de respuesta. "Lo tradicional", ha comentado, es que de cada 10 no sean respondidas entre una y dos, y otro tanto sean rechazadas.
El mayor número de sugerencias formuladas correspondió al área de Bienestar Social, un total de 124, de las que han sido aceptadas 73, el 59 por ciento, otras 44 rechazadas (35 por ciento) y siete no han obtenido respuesta (el seis por ciento). Le sigue Educación, con 66, y un índice de aceptación del 80 por ciento, el más alto junto a Sanidad, con el 81 por ciento.
En materia de urbanismo se han dictado 53 sugerencias, de las que se han aceptado 30, el 57 por ciento, se han rechazado seis (11 por ciento) y 17 no han tenido respuesta (32 por ciento), mientras que en el área de empleo público el Justicia ha dictado en 2014 un total de 36 sugerencias, de las que se han aceptado 19 (53 por ciento), se han rechazado 10 (28 por ciento) y siete no han tenido respuesta (19 por ciento).
En su intervención, el Justicia ha considerado que "a las instituciones no les gusta enfrentarse con el Justicia y lo que hacen es no contestar", aunque en otras ocasiones no saben qué responder y, en algunos municipios pequeños, "hacen de esto una cuestión personal".
QUEJAS
De las 2.501 quejas tramitadas en 2014, un total de 1.659 provenían de la provincia de Zaragoza, 308 de Huesca y 214 de Teruel, y otras fueron enviadas desde otras comunidades autónomas o no se especificó el origen. El 36 por ciento de las quejas procedían del medio rural, una cifra que se incrementa cada año y que es consecuencia de las frecuentes visitas de García Vicente a los municipios rurales.
Por áreas, Bienestar Social acumuló 423 quejas, una cifra menor que en 2013 debido a que las quejas por el retraso en el pago del IAI se redujeron a la mitad. García Vicente ha considerado "preocupante" que se tardara hasta nueve meses en resolver estas solicitudes. Además, se presentaron 100 quejas por la aplicación de la Ley de la Dependencia.
El Justicia se ha dirigido al presidente del Gobierno autonómico, Javier Lambán, para proponerle que "si en un momento determinado no tiene dinero para pagar" estas ayudas, que la Administración autónoma reconozca a la persona afectada el derecho a cobrar el IAI, lo que le permitirá cobrar otras ayudas.
La institución recibió 243 quejas del área de Educación, 224 de Economía y Hacienda, 177 de Sanidad y 173 relativas al empleo público. El Justicia ha constatado el descenso de las quejas por la concesión de becas de comedor escolar.
En cuanto a los comedores escolares, ha recomendado que en los centros se establezca un protocolo para detectar y atender a niños alérgicos y diabéticos para atenderlos con rapidez.
IMPUESTOS
Las quejas relativas a Economía y Hacienda reflejan la disconformidad de los ciudadanos con las valoraciones de bienes inmuebles a efectos del pago de impuestos y la discrepancia con la recaudación de impuestos, así como el embargo de bienes y salarios por deudas.
En el área de Hacienda ha recibido 192, un cinco por ciento más que el año anterior. Ha mencionado las relativas a las plusvalías municipales sobre el valor de los pisos, que aumentan todos los años pese a que la crisis ha reducido el precio de las viviendas un 50 por ciento de media, añadiendo que varias sentencias judiciales han declarado ilegales estas plusvalías.
Los aragoneses continúan quejándose de las listas de espera sanitarias, ha expresado el Justicia, aludiendo al problema persona que causa tener cita con el especialista en un plazo de 16 meses, aunque el problema sea leve
Ha mencionado el caso de la contaminación del río Gállego por lindano, indicando que el asunto todavía no está esclarecido. García Vicente conoce bien el tema, ya que en su etapa de fiscal fue quien presentó la primera querella contra los responsables. "No se conoce toda la verdad", ha advertido.
En cuanto a los informes especiales, en 2014 el Justicia elaboró un estudio sobre las 'Urgencias hospitalarias' y otros sobre 'Estado de observancia, aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico aragonés' y el relativo a los menores, a lo que se suma el que presentará en breve sobre pobreza extrema y exclusión social. El presupuesto de la institución en 2014 fue de 2.025.206,48 euros, un 0,73 por ciento menos que el año anterior.
García Vicente, que ha cumplido tres mandatos de un total de 15 años en el cargo, ha recordado a todos que este cargo no es vitalicio, "Dios no lo quiera", agregando que "la interinidad no es buena" para las instituciones. Los grupos parlamentarios se han reunido en varias ocasiones desde la legislatura pasada para elegir al nuevo titular, sin llegar a un acuerdo.
"IR MÁS ALLÁ"
La parlamentaria del PSOE, Begoña Nasarre, ha considerado que "tenemos que ir más allá de los ecos de unas quejas" y atender temas prioritarios, como la pobreza. Ha apostado por la igualdad de oportunidades .
La diputada de Podemos, Amparo Bella, ha lamentado que algunas administraciones no respondan al Justicia y ha mencionado algunos casos, como los educadores del COA de Zaragoza, que están en huelga, o la falta de plazas de Educación Infantil. Ha planteado que se reforme la Ley de la institución para que sus sugerencias tengan un mayor carácter vinculante.
El diputado de CHA, Gregorio Briz, ha dejado claro que esta es "una institución de futuro que soluciona problemas en un contexto social difícil", subrayando que su existencia "está justificadísima" porque no solo media, sino que está amortiguando "el recorte de derechos que se ha producido estos años".
El diputado del PP, Miguel Ángel Lafuente, ha dicho que la institución está de "plena actualidad" en el siglo XXI y ha reivindicado al Justiciazgo "frente a tanto justiciero social" que actúa con "tanta verdad absoluta y hablando siempre en defensa de toda la ciudadanía".
Desde Ciudadanos, Ramiro Domínguez ha apoyado el trabajo realizado por la institución en 2014, recordando que la institución se asienta en el Estatuto de Autonomía. El trabajo realizado por el Justicia permite a los grupos conocer las inquietudes de los ciudadanos, ha apuntado.
En representación del PAR, María Herrero ha aludido a las raíces históricas de la institución, afirmando que el Justicia está llamado a "seguir jugando un papel esencial en la garantía de los derechos y libertades de los aragoneses", negando así que sea "un gasto superfluo".
