Fernando García Vicente entrega al presidente de las Cortes su informe anual, que recoge 2.089 quejas de ciudadanos
ZARAGOZA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, recomendó hoy al Gobierno de Aragón que modifique la normativa vigente sobre las viviendas de protección oficial para aliviar la crisis a los compradores.
García Vicente entregó esta mañana al presidente de las Cortes, Francisco Pina, el Informe Anual de la institución correspondiente a 2009, que constanta un aumento de un 4,3 por ciento las quejas ciudadanas por el funcionamiento de las Administraciones públicas hasta un total de 2.089.
En rueda de prensa, Fernando García Vicente explicó que en algunos casos los ciudadanos a los que se les adjudica una VPO deben hacerse cargo económicamente de ella sin poder vivir en la misma, lo que les obliga --en la práctica-- a mantener dos viviendas.
También señaló que en algunos casos las sociedades cooperativas para la construcción de bloques de viviendas protegidas fracasan, pero pasa un tiempo largo desde que sus miembros determinan que la sociedad "no va a ir a más" hasta que la normativa vigente les permite acceder a los socios al capital que previamente han depositado, por lo que tienen su dinero retenido, sin poder destinarlo a otros fines que les urjan más.
Fernando García Vicente aprovechó para proponer que se incremente el parque de viviendas de protección oficial para alquilar. También mencionó el caso de las parejas en las que cada uno cobra unos 1.500 euros y tienen una hipoteca de 1.200 euros al mes que pueden pagar con facilidad hasta que uno de los dos se queda en el paro y con 1.500 euros tienen que pagar la hipoteca y vivir. Para este colectivo pidió "facilidades".
El Justicia recibió, durante 2009, numerosas solicitudes de apoyo por parte de ciudadanos que no podían hacer frente a gastos básicos, como la electricidad y otros, casos sobre los que el Justicia no tiene competencia y en los que ofrece información sobre los recursos disponibles, entre otros la posibilidad de acudir a la asistencia jurídica gratuita, si la necesitan.
Fernando García Vicente aprovechó para reclamar a las Administraciones Públicas que abonen a la Santa Hermandad del Refugio de Zaragoza el dinero que se les prometió en concepto de subvención y recordó que ha aumentado el número de personas demandantes.
Sobre los problemas laborales que surgen a causa de la crisis, entre otros los despidos o los impagos, García Vicente dijo que la institución no puede mediar entre particulares, pero sí solicita que los servicios de inspección intervengan cuando sea necesario.
SERVICIOS PÚBLICOS
García Vicente resaltó que el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón es el único organismo administrativo que ha respondido a todas las solicitudes de información formuladas desde el Justiciazgo.
Reclamó un aumento del número de plazas de guardería, en especial de cero a tres años, sobre todo en las ciudades de Zaragoza y Teruel. También respecto a la Educación, el Justicia manifestó que ha mejorado la información sobre el proceso de asignación de plazas de alumnos. Asimismo, recomendó mejorar la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales (acnee) en la Educación Primaria, donde no hay previsto que se asigne personal de apoyo.
Por otra parte, el Justicia declaró que "si algo ha mejorado en Zaragoza en los últimos 15 años es la música", con la creación de nuevas orquestas de alto nivel, lo que a su vez ha multiplicado el interés de las familias para que los niños se formen en esta materia, lo que obliga a aumentar el número de plazas.
El responsable del Justiciazgo pidió que aumente el número de plazas de estudiantes en las Facultades de Medicina de Zaragoza y Huesca, estudios para los que "sí hay demanda".
Por otra parte, García Vicente recomendó que se incremente el número de profesionales de la sanidad pública y, en especial, en la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) del Hospital Obispo Polanco de Teruel y el servicio de Urgencias del mismo centro hospitalario , así como los servicios de Traumatología del Hospital Comarcal de Barbastro.
"Hace falta" un nuevo centro de especialidades médicas en la margen izquierda de Zaragoza, continuó García Vicente, quien expresó que con el actual, el Grande Covián, "no siempre se da abasto". El Justicia pidió, además, que el control de la administración del medicamento 'Sintron' se pueda hacer también en los ambulatorios del medio rural.
Respecto al acceso a la función pública, García Vicente sugirió priorizar, en la puntuación de las pruebas, los exámenes por encima de la experiencia, ya que en la actualidad las personas que trabajan temporalmente en la Administración tienen, de hecho, más fácil acceder a una plaza fija, al tener mayor peso la experiencia.
García Vicente señaló que todo lo relacionado con la telefonía se ha solucionado y, en el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, también se solventó positivamente el traslado de restos mortales de ciudadanos enterrados en una manzana del cementerio de Torrero pendiente de remozar.
"Peor" fue el caso de de RENFE, agregó Fernando García Vicente, quien apostilló que "el AVE es fantástico", pero "es muy caro" y, además, "debería haber un servicio alternativo de tren".
SEGURIDAD
El Justicia ha recibido un mayor número de quejas que otros años respecto al uso de la bicicleta, al haber aumentado notablemente el número de usuarios. Entre otros problemas, algunos peatones protestan por el constante paso de ciclistas por las aceras.
García Vicente prosiguió afirmando que la "sensibilidad" ante las infracciones de tráfico ha aumentado y comentó que numerosos ciudadanos se han quejado de los problemas que ofrece el cruce existente entre la Avenida de Pirineos y la calle Valle de Broto, y el cruce de San Juan de la Peña con Salvador Allende, en la capital aragonesa. El Justicia ha atendido siete quejas relacionadas con las obras del tranvía de Zaragoza, algunas de ellas colectivas.
DATOS
En la provincia de Zaragoza se tramitaron 1.547 quejas, mientras que en el Alto Aragón fueron 252 y en Teruel, 133. Un total de 115 ciudadanos de otras comunidades autónomas recurrieron al Justicia y se realizaron 91 expedientes de oficio. Fueron atendidos 2.161 ciudadanos.
Las quejas enviadas por correo electrónico aumentaron un 12 por ciento, pasando de 618 a 688 y las visitas al sitio web llegaron a 168.470.
El Justicia formuló 289 recomendaciones durante 2009, de las que fueron aceptadas el 65 por ciento del total y rechazadas el 10 por ciento. A fecha de hoy 44 sugerencias formuladas en 2009 siguen sin respuesta. Durante el año pasado la institución contribuyó a resolver los problemas de ciudadanos en 1.340 expedientes.
En 2009 se realizaron informes especiales sobre la violencia de género; el Estatuto de Autonomía; los Presupuestos Generales del Estado (PGE); la posible disolución del Ayuntamiento de La Muela (Zaragoza); la financiación autonómica; los menores y el ordenamiento jurídico aragonés.
