ZARAGOZA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -
El número de ayuntamientos que han solicitado un préstamo a la Caja de Cooperación de la Diputación de Teruel (DPT) ha aumentado considerablemente este año, tras las modificaciones realizadas en su reglamento. En 2021 se han registrado once solicitudes, más del doble de las peticiones de 2020, cuando hubo cinco peticiones.
Estos préstamos son un instrumento que pone a disposición de los consistorios liquidez a coste cero para ser devuelta en un máximo de 15 años, y sirve para realizar inversiones, cancelar préstamos o sanear las cuentas municipales al término de un ejercicio.
Con la modificación aprobada en 2020, el límite económico a recibir por cada consistorio pasó de los 18.000 a los 150.000 euros, un 78 por ciento más. Al mismo tiempo, el actual equipo de gobierno de la institución apostaba por ampliar la cantidad total disponible desde los 100.000 euros de la legislatura anterior a los cinco millones de euros.
Ahora, el proyecto de presupuestos de la DPT para 2022 vuelve a aumentar de forma extraordinaria la partida dedicada a la Caja de Cooperación, pasando de los cinco millones de euros de los dos últimos ejercicios al doble: diez millones de euros.
Además, la institución prepara ya una nueva revisión de las bases de solicitud que, entre otras modificaciones, aumentaría a 300.000 euros la cantidad que podría solicitar cada ayuntamiento. Esto significa un aumento del cien por cien del límite fijado en las bases de 2020 y un 1.566 por ciento más respecto al límite máximo posible en 2019.
INCREMENTAR LAS AYUDAS
"Cada vez más municipios solicitan esta financiación y nos sugirieron que pudiésemos incrementar las ayudas máximas", ha explicado el presidente de la DPT, Manuel Rando. Para satisfacer esas demandas "hemos pasado de cinco a diez millones de euros, con el objetivo de que más ayuntamientos la pidan. Asimismo estamos estudiando ampliar el periodo para su devolución de 15 a 20 años", ha añadido Rando.
El presidente ha considerado como una "buena noticia" que los ayuntamientos tengan la posibilidad de contar con esos diez millones de euros que, sumados al anticipo de los tributos previsto para el mes de febrero de más de 25 millones de euros, "les servirán para tener liquidez y para que el presupuesto salga mejor, ya que no tendrán que pagar los intereses bancarios que están asumiendo en la actualidad", ha dicho.
Esto se une además al Plan de Concertación que recoge el nuevo presupuesto, de más de 15,5 millones de euros, "que también recibirán los ayuntamientos hasta febrero para orientar las ayudas a obras, servicios, personal, y otras partidas, dándoles la posibilidad de que inicien sus proyectos a principios de 2022", ha manifestado Rando.
PRÉSTAMOS SIN INTERESES
La Caja Provincial de Cooperación de la DPT tiene como finalidad la concesión de préstamos sin intereses a los ayuntamientos de la provincia, como forma de cooperación a la efectividad de la prestación de los servicios municipales.
Pueden concederse en la modalidad de operaciones de crédito a largo plazo, para la financiación de inversiones, refinanciar otras operaciones de crédito o para sanear el remanente de tesorería negativo o la financiación de nuevos y mayores gastos por operaciones corrientes declaradas necesarias y urgentes.
DE DOS A ONCE
En el año 2018 solo dos municipios solicitaron la Caja de Cooperación: Monterte y Barrachina, mientras que en 2019 solo lo hizo Camañas. En 2020 fueron cinco: Albalate del Arzobispo, Mosqueruela, Torres de Albarracín, Alloza y Tronchón. Y en 2021 lo han pedido Gúdar, Nogueruelas, Royuela, Griegos, Olba, Torralba de los Sisones, Libros, Berge, Valderrobres, Puertomingalvo y Villanueva del Rebollar, este último todavía sin resolver.
Este año se ha concedido este instrumento para refinanciar operaciones a largo plazo en condiciones de prudencia económica y para compras o construcciones de inmuebles e infraestructuras, entre otras actuaciones.
Para solicitar un crédito de la Caja Provincial de Cooperación, los ayuntamientos deben cumplir los siguientes requisitos: haber aprobado la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior con ahorro neto positivo y el presupuesto del ejercicio actual, o tener un volumen total de capital vivo que no exceda del 75 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados, según las cifras deducidas de los estados contables consolidados.
