ZARAGOZA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -
El concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Horacio Royo, ha reprochado al equipo de gobierno "la escasa aceptación" que ha tenido la iniciativa, impulsada por la Consejería de Urbanismo y el Colegio de Abogados de Zaragoza, para asesorar a los ciudadanos afectados por la ocupación ilegal de viviendas.
Este servicio ha contado con un partida de 25.000 euros, y tras seis meses en activo, los datos, que se han recabado a través de una solicitud de información al Área de Urbanismo, han revelado que se han recibido un total de 122 llamadas durante este periodo; 86 se han realizado en los tres primeros meses, mientras que el último trimestre sólo se han registrado 36, ha detallado Royo.
"Este convenio es una exigencia de VOX", ha incidido el concejal, ya que en el mes de octubre de 2020, este grupo municipal presentó una moción de este servicio que fue aprobada con los votos de PP y Ciudadanos.
En este sentido, el edil ha agregado que el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos "se ha visto arrastrado por la demagogia y el populismo de la extrema derecha", que ha querido "hacer ver que estábamos en una situación crítica en la que a la gente le entraban en sus viviendas de manera súbita".
Además, el miembro del grupo municipal socialista ha denunciado que el gobierno de la ciudad "no ha tomado ninguna medida para solucionar los problemas que derivan de la ocupación ilegal", que son cuestiones de "seguridad pública", "convivencia" y "deterioro y marginación de zonas de la ciudad".
La información que han obtenido sobre este servicio ha dado a conocer que ninguna de las 122 llamadas hacían referencia a ocupación de vivienda habitual, sino a las que están vacías. De este total, siete correspondían con barrios rurales y afectan a segundas residencias.
En Zaragoza hay 327.000 viviendas censadas, por lo que "suponiendo que en las 122 consultas se tratase de viviendas ocupadas, estaríamos hablando del 0,03 por ciento de los domicilios de la ciudad". Asimismo, el concejal ha declarado que la ocupación tiende a producirse en espacios vacíos y fundamentalmente en manos de bancos, fondos de inversión o la Sareb.
Una de las zonas que con más afectadas por este fenómeno es el entorno Zamora-Pigantelli, que "lleva nueve meses esperando que el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, se siente a negociar con el plan especial de recuperación y mejora de este entorno del centros de la ciudad", ha criticado Royo. En este periodo tampoco se ha concretado en qué se van a gastar los dos millones de euros recogidos en el presupuesto para la ejecución de dicho plan.
LAS PROPUESTAS DEL PSOE EN ZARAGOZA
Al conocer esta información, el PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza planteará dos medidas al Gobierno municipal. La primera propuesta consiste en "destinar buena parte de esos dos millones de euros a adquirir inmuebles en manos de entidades financieras". Royo ha apuntado que la adquisición podría llevarse a cabo por un acuerdo con las entidades, o bien mediante procedimientos expropiatorios.
"Así se pondría fin a las situaciones que se incrementaría el parque de vivienda social y publica de la ciudad", ha señalado el concejal, que ha continuado diciendo el Ejecutivo municipal debería dejar de "comprar el discurso populista e infecto de la extrema derecha, acometer procesos de regeneración urbana y social".
En segundo lugar, se solicitará que, una vez finalice este convenio durante el ejercicio presupuestario 2021, el dinero destinado a ese convenio "se dedique, junto con otras aportaciones, a recuperar la oficina de mediación para los desahucios, hipotecas y para la ocupación".
Horacio Royo ha calificado el problema de las ocupaciones como un tema de "convivencia" y de "deterioro de la calidad de vida" en los barrios de Zaragoza. Por lo que, "es necesario que el Ayuntamiento se implique a través de la oficina de mediación".
De cara a la próxima Comisión de Urbanismo el concejal ha anunciado que se plantearán estas cuestiones, también se pedirá al Gobierno que "dé la cara ya", que "deje de agarrase a convenios propagandísticos", y que "acometa medidas valientes para acabar con los problemas de convivencia que genera la ocupación ilegal".
