OVIEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -
El sindicato ANPE defiende la compatibilidad del Plan de Evaluación con la equiparación retributiva del profesorado asturiano que, según señala en nota de prensa, "sigue muy por debajo de la media de retribuciones del resto de docentes del Estado, agravada ya que muchos han recibido actualizaciones recientes (Andalucía, Madrid, Castilla La Mancha, etc)".
"Esta situación es conocida por nuestros responsables políticos, que miran para otro lado ante esta justa reivindicación", lamentan desde el sindicato, añadiendo que el gobierno asturiano "continúa incumpliendo su compromiso de desarrollar el Plan de Evaluación en sus cuatro tramos".
Según remarcan desde ANPE, los docentes asturianos siguen "estancados en el segundo frente otros sectores del Principado que llevan más de una década con sus cuatro tramos habilitados".
"Para ANPE es irrenunciable la exigencia al Principado de la apertura del 3 y 4 nivel del Plan de Evaluación", dicen, tras la publicación este jueves, 31 de agosto, en el BOPA del listado de evaluados positivamente en el Plan de Evaluación docente correspondiente al curso 2022-2023.
Al respecto, apuntan que "de un total de 9.378 profesores, 9.257 han sido evaluados positivamente y 121 han sido declarados no evaluables". "De ellos, 7.017 están integrados en el Tramo B y 2.240 en el Tramo A", sostienen.
Además, remarcan que "el Plan de Evaluación docente de Asturias está amparado por el art. 106 de la LOE, que establece que "A fin de mejorar la calidad de la enseñanza y el trabajo de los profesores, las Administraciones educativas elaborarán planes para la evaluación de la función docente, con la participación del profesorado... será voluntaria..."; y por el Acuerdo firmado por ANPE en 2009".
"Este acuerdo fue reiteradamente boicoteado por otras organizaciones sindicales que llegaron a judicializar el procedimiento, pidiendo la exclusión de parte del profesorado, en primera instancia, siendo su objetivo final la eliminación del propio modelo de evaluación, pues para ellos era un "cheque en blanco" en beneficio de la administración, ya que tendría al profesorado a su merced", afirman.
Igualmente, consideran que "hipócritamente, a la vez que pedían a sus afiliados y profesorado en general que no solicitaran la evaluación, ellos mismos ya la habían solicitado, en uno de los capítulos más ignominiosos de la historia del sindicalismo en Asturias". "Son las mismas siglas las que, en un ejercicio de incoherencia absoluta, han apoyado el cobro de esos mismos complementos para otros sectores de la Administración asturiana distintos del docente", apuntillan.
"Posteriormente, en 2015, ANPE consiguió la integración del profesorado interino, a quien se le negaba el acceso al Plan, al obtener el aval judicial de la doctrina del TJUE de no discriminación por razón de vínculo laboral, sentencia que abrió las puertas a la incorporación de miles de interinos, no sólo en educación, sino en otros sectores de la administración del Principado. La nueva Ley de Empleo Público asturiana aprobada en marzo incluye como derecho de todos los empleados públicos la carrera profesional e incorpora un nuevo régimen de retribuciones más vinculado al rendimiento de cada profesional, en sintonía con lo que marca nuestra evaluación docente", resaltan.
Del mismo modo, apuntan que "en 2019, sólo después de varios encierros de ANPE en la Consejería, se desbloqueó la apertura del 2 nivel del Plan de Evaluación, en la que hoy están adheridos más de siete mil docentes". "Nuestro modelo es un referente para otras Comunidades Autónomas (Murcia, La Rioja o Castilla y León), a la hora de implantar en sus territorios la evaluación de sus docentes, y del propio Ministerio, como apuntó la ministra Celáa y recoge el borrador del Estatuto de la Función Docente para el conjunto del Estado", aseveran.
Con todo, resaltan que "el Plan de Evaluación docente de Asturias mide la competencia profesional de los profesores, valorando su desempeño en las aulas, con los alumnos, las familias, su formación continua, el uso de nuevas metodologías didácticas, las nuevas tecnologías, o el grado de cumplimiento de los objetivos del centro, entre otros ítems medibles y objetivables. La evaluación es validada por el equipo directivo de los centros educativos y por la Inspección Educativa". "El grado de aceptación del Plan de Evaluación lo mide el apoyo masivo al mismo, superior al 90% de la plantilla que ha solicitado voluntariamente su adhesión. Un golpe de realidad a quienes, aún hoy en día mantienen un discurso 'oficial' contrario al Plan, a pesar de mantener ellos mismos y los cuadros de sus respectivos sindicatos, su adhesión voluntaria desde su puesta en marcha", dicen.
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