OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
El pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) ha aprobado este viernes la proposición no de ley de Ciudadanos que pide medidas a favor de los afectados por las clínicas iDental y para la mejora de los procedimientos de control de los centros sanitarios y su publicidad.
Todos los grupos mostraron su respaldo a la iniciativa con excepción del PSOE, que gobierna en Asturias, y que votó en contra. El motivo ha sido uno de los puntos que contiene la iniciativa aprobada, el que solicita una mesa de expertos independientes para determinar si el Principado ha podido incurrir en responsabilidad patrimonial y para informar a los afectados de los daños causados como consecuencia del funcionamiento de la Administración pública.
La diputada del PSOE, Carmen Eva Pérez, tras mostrar discrepancias con este aspecto solicitó la votación por puntos, pero el diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé, impulsor de la iniciativa, no lo permitió y reclamó que la iniciativa se votase íntegra.
De esta forma, el texto salió adelante, además de Ciudadanos, con los votos de PP, Podemos, IU y Foro Asturias. La moción solicita al Gobierno entablar conversaciones con las plataformas y asociaciones de afectados por las clínicas iDental a fin de trasladarles toda la información precisa para que puedan ejercer la defensa de sus derechos en materia de consumo y sanidad ante los organismos correspondientes.
También piden al Principado que traslade al próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud este problema a fin de que se mejoren los procedimientos de acreditación y supervisión de centros sanitarios, así como de la publicidad sanitaria que se emita desde ellos. Por último, solicita al Gobierno regional que se haga cargo de las necesidades de peritaje que precisen los afectados por iDental.
SAN ANTOLÍN DE BEDÓN
Por otro lado, la sesión plenaria ha servido para aprobar por unanimidad una proposición no de ley de Podemos que pide al Principado que inicie con carácter de urgencia y en colaboración con el Ministerio competente los trámites necesarios para la derogación o, en su caso, declaración de nulidad de la resolución relativa a San Antolín de Bedón dictada el 23 de diciembre de 1996 por el Subdirector General de Patrimonio del Estado.
También solicita iniciar los contactos oportunos con los mismos para la reincorporación de dicho inmueble al inventario general de bienes del Estado.
