Autorizado un gasto de 96,2 millones para el salario social desde este mes y hasta el final de año

OVIEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves un gasto de 96.250.000 euros para atender el abono del salario social básico (SSB), la prestación económica dirigida a los más desfavorecidos, desde este mes y hasta final de año.

Según ha informado la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano, Melania Álvarez, estos fondos se suman a la cuantía correspondiente a los meses de enero y febrero (18,9 millones), de modo que la inversión prevista en esta medida medida contra la exclusión social se sitúa en este ejercicio en 116,7 millones.

En enero, un total de 22.178 familias percibieron el salario social, por lo que Asturias se sitúa como la primera comunidad del régimen común en cobertura de rentas mínimas, según han explicado desde el Principado.

INCORPORACIÓN SOCIOLABORAL

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado la modificación del convenio entre la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) que persigue mejorar la incorporación sociolaboral de las personas beneficiarias del salario social.

Una de las principales novedades que se incorporan al texto es la declaración de 'proyectos de interés sociolaboral' en el ámbito público y privado. De este modo, se dota de un estatus especial a iniciativas promovidas por entidades privadas y entes públicos que buscan aumentar la empleabilidad de las personas beneficiarias de la renta mínima. Por otra parte, aumentará el control y seguimiento de las medidas de incorporación laboral que se acuerden.

Además, el convenio plantea reforzar el intercambio de datos para la adecuada identificación de las personas beneficiarias, con el fin de que las medidas de incorporación laboral promovidas por el Sepepa puedan dirigirse no solo a los receptores del salario social, sino también a otros miembros de sus unidades familiares.

El acuerdo recoge, asimismo, la incorporación de representantes de otros departamentos directamente implicados en la consecución del objeto del convenio, tanto altos cargos como técnicos, con el fin de mejorar la efectividad de las acciones y aumentar la coordinación.