Ciudadanos, Foro, Vox y el edil no adscrito piden cambios en los criterios de admisión a centros escolares

GIJÓN, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de Ciudadanos, Foro, Vox y el edil no adscrito del Ayuntamiento de Gijón, Alberto López-Asenjo, llevarán al próximo Pleno una proposición conjunta para instar a la Consejería de Educación a que dicte autorización provisional de modificación de los criterios de proximidad domiciliaria o de centro de trabajo para la admisión del alumnado del área 2.1 para el curso 2022-2023.

Una medida que piden si no se prevé que el Colegio San Vicente esté operativo al inicio del curso escolar, de manera que la baremación correspondiente por pertenencia a esta área de influencia se aplique y compute a todos los efectos dispuestos, en sus zonas
limítrofes: 1, 2.2., 3.1. y 3.2.

De este modo, creen que se garantizaría una distribución lo más equitativa posible del alumnado al que corresponde esta área de influencia, entre la misma y sus zonas limítrofes, al tiempo que se restituirían los mermados derechos de las familias de esa zona a la libre elección de centro y servicios complementarios.

También piden iniciar cuanto antes una nueva propuesta de zonas de influencia y zonas limítrofes, por el procedimiento dispuesto por la norma, que incorpore la realidad de los barrios y distritos de Gijón en la admisión de alumnos a centros educativos.

En concreto, buscan con la iniciativa restituir los derechos de las familias del área de influencia del Colegio San Vicente a una educación de calidad y a la libre elección de centro -especialmente las afectadas por la tragedia-, al tiempo que se avanza para que
la estructura de la red escolar se adapte a la realidad del municipio.

En la exposición de motivos, se alude al accidente ocurrido el pasado 5 de enero, en el que resultaron heridos dos obreros y otros dos fallecieron tras un derrumbe en el inmueble.

"Esta desgracia nos deja, además, un escenario de incertidumbre sobre el futuro del alumnado para el curso que viene, ya que existe la posibilidad de que cuando se inicie, el colegio no esté aún preparado para recibirles", se advierte en el escrito.

"No lo estará, desde luego, antes de abril de 2022, fecha clave ya que es cuando las familias han de realizar las solicitudes de nueva escolarización para sus hijos e hijas", se recalca.

También han aprovechado para agradecer la disposición del Patronato San José, las administraciones públicas y cuantos ofrecieron espacios alternativos para acoger al alumnado del San Vicente con el objeto de recuperar cuanto antes la presencialidad en las aulas, si bien han hecho ciertas matizaciones.

Para los grupos proponentes, la solución actual de alojar al alumnado del San Vicente en el Patronato, algunos en contenedores, no debiera alargarse en el tiempo "más de lo estrictamente necesario", al sostener que esta situación afectará negativamente a su rendimiento y desarrollo psicosocial.

Y con relación a la proposición plenaria, han insistido en que las circunstancias actuales limitan la libertad de elección de las familias del área 2.1. para la admisión de las nuevas escolarizaciones en el curso 2022-2023, ya que esa zona solo contará con el colegio Público Los Campos y el centro concertado López y Vicuña, que solo imparte ESO y FP.

Unido a ello, han incidido en que, conforme a la normativa regional, "la admisión en un centro escolar, solamente generará derechos a servicios complementarios, cuando la escolarización se realice en el centro que corresponda de acuerdo con el domicilio familiar".

A este respecto, han recalcado que, de no estar operativo el colegio San Vicente al inicio del curso 2022-2023, desconocen si su
alumnado pasaría a considerarse escolarizado en el Patronato, "por lo que estos derechos quedarían en el aire", advierten.

De ahí la iniciativa plenaria, al ser de aplicación como criterio baremable la proximidad domiciliaria en el proceso de admisión, que data del 7 de mayo de 2004.

"Convendremos que en los últimos 18 años los barrios y distritos de Gijón han sufrido una intensa transformación, por lo que la dicha Resolución requiere una actualización para adaptar la zonificación a la evolución y redistribución de la población ciudad", han defendido.