La FACC pide que se corrija la reforma laboral para evitar despidos en los ayuntamientos

OVIEDO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Antonio de Luis Solar, ha pedido este miércoles que el se corrija la reforma laboral --en el trámite parlamentario pendiente-- para que se contemplen los ERE's y la reducción de jornada en los Ayuntamientos, ya que, de lo contrario, las administraciones locales estarían abocadas a acometer despidos para ajustarse a los objetivos de déficit marcados por el Gobierno central.

De Luis ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a una reunión con CCOO, UGT y USO, en el marco de la ronda sindical para sumar apoyos a la huelga general del día 29. También han comparecido los secretarios generales de los tres sindicatos, Antonio Pino, Justo Rodríguez Braga y Francisco Baragaño, respectivamente.

Durante su intervención, el presidente de la FACC ha considerado "excesivas" las medidas propuestas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para hacer frente a las deudas pendientes de las administraciones locales con los proveedores. Para poder acceder a los 18.000 millones de euros que el Estado pondrá a su disposición, deben de presentar un plan de ajustes antes del día 31, que incluya el compromiso de cerrar el año con un déficit que no supere del 0,3 por ciento.

A su juicio, estas medidas restan flexibilidad a los consistorios a la hora de afrontar los pagos, hasta tal punto que podrían desembocar en despidos, con la consecuente merma de los servicios públicos ofrecidos.

En cualquier caso, ha sostenido que, en Asturias, la situación "no es preocupante" y que "la inmensa mayoría" de los ayuntamientos "no va a tener que tomar medidas críticas y, si se dan, será sobre los contratos temporales y en último recurso". De momento, no ha habido despidos a causa de la reforma, según han indicado los sindicatos.

Por su parte, Justo Rodríguez Braga, ha alertado de que, detrás de estas medidas de ajuste, "hay un elemento ideológico" que pasa por "recortar los servicios públicos esenciales" y abrir así las puertas a la privatización del sistema.