OVIEDO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de Foro en la Junta General, Cristina Coto, ha anunciado este jueves que su grupo parlamentario propone al Gobierno del Principado que recurra ante el Tribunal Constitucional la Ley de tasas judiciales del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Según señala la diputada en nota de prensa, "el Gobierno de Rajoy sigue gobernando no ya de perfil, sino en contra de la sociedad". Por ello, sostiene que "el 'tasazo Rajoy' es un ataque directo al derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución y un durísimo golpe a los profesionales de la abogacía".
"Rajoy practica una política centrada exclusivamente en recortes sociales y subidas fiscales", lamenta la portavoz de Foro, remarcando que "si con la salvaje subida del IVA han dado un golpe de muerte al comercio, ahora pretenden dañar a un colectivo, el de abogados, integrado por 120.000 profesionales, y casi 3.000 en Asturias".
Para la diputada del partido liderado por Francisco Álvarez-Cascos, "gravar el acceso a los tribunales, y más con las cuantías contempladas en la Ley, pone en tela de juicio el derecho a la justicia del artículo 1 de la Constitución; y el 9.2, que insta a los poderes públicos a promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, junto con el ya citado artículo 24".
Para Coto, "la reforma, que es intolerable en sí misma, se vuelve sangrante al aplicarse de manera indiscriminada a todos los ciudadanos, sin tener en cuenta sus ingresos, lo que llevará a una justicia de beneficencia, que es en lo que acabará convirtiéndose la justicia gratuita, precarizada en medios y profesionales; y una justicia para aquellos que puedan permitirse pagar pleitos que en ocasiones se prolongan enormemente en el tiempo".
Con todo, la portavoz de Foro considera que "la Ley consagra una justicia para ricos, mientras conducirá a que muchos ciudadanos sin recursos renuncien a hacer valer y reclamar sus derechos ante los tribunales".
Así, Cristina Coto afirma que "es entendible que múltiples colectivos políticos, jurídicos y sociales estén pidiendo la derogación de la Ley". "El Gobierno de Rajoy debiera bajar de su pedestal y reflexionar ante el hecho de que ha logrado unir en su contra a los operadores jurídicos, toda la oposición, numerosas asociaciones de consumidores y a la ciudadanía", concluye.
