OVIEDO, 24 May. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Foro en la Junta General, Adrián Pumares, ha mostrado este lunes el respaldo de la formación a la plantilla de Caixabank en Asturias afectada por el ERE que pretende realizar la entidad bancaria en el conjunto del país y que en el Principado afectaría a 65 empleados.
Igualmente, Pumares ha mostrado su intención de acordar una declaración institucional con el resto de grupos parlamentarios de la Junta para dar voz al problema laboral y contribuir a reconducir la situación.
Así lo ha explicado en declaraciones a los medios al término de su encuentro con representantes de los trabajadores, que tienen previsto mantener reuniones con más grupos en los próximos días.
Para Pumares, se trata de una decisión "injusta" y "chocante" por parte de la entidad bancaria que "recibió dinero público" y que cuenta con "beneficios considerables". Así, rechaza que se plantee un ERE de parte de la plantilla por razones "organizativas", máxime en un sitio como Asturias con población envejecida, donde el servicio bancario podría "empeorar".
De este modo, además de contribuir a "dar visibilidad" al conflicto, desde Foro trabajarán para sacar adelante una declaración institucional "para buscar todas las alternativas posibles y evitar esta serie de despidos en el Principado de Asturias".
Por su parte, el delegado de CCOO en Caixabank en Asturias Daniel Álvarez Junco ha explicado que de los 65 puestos en riesgo en la comunidad, 49 son mayores de 52 años y el resto rondan los 40 años.
Asimismo, el secretario de acción sindical de UGT a nivel nacional en Caixabank y miembro de la mesa de negociación, Iván Argüelles, ha apuntado que ese límite del 60% de las salidas para mayores de 52 años busca "ahorro de costes" para la entidad y supone "un arma de destrucción masiva" al darle la posibilidad de "salidas forzosas y de forma arbitraria".
En ese sentido, los trabajadores califican el ERE de "injustificado" y agradecen todo el apoyo que se vaya recibiendo con el objetivo de reconducir la situación y evitar que la empresa les obligue a dejar sus "puestos de trabajo".
De hecho, la intención de la plantilla es que este respaldo parlamentario se replique en el resto del país, con una plantilla total afectada de 8.291 trabajadores, y se aborde también en el Congreso de los Diputados.
